La comisión mixta de senadores y diputados aprobó el informe sobre el proyecto de ley que reforma el Código Penal aumentando las sanciones en los delitos de soborno y cohecho.
La instancia parlamentaria zanjó así las diferencias entre la Cámara Baja y el Senado, por lo que el informe que elaboró será votado en los próximos días por ambas salas del Congreso.
La aprobación del informe fue calificado como “un avance sustantivo para terminar con los espacios de impunidad en torno a la corrupción” por el diputado DC Gabriel Silber.
“Chile va tener un nuevo estatuto legal respecto de delitos contra la probidad y ligados al combate de la corrupción. Elevamos sustantivamente las penas para acabar con la sensación de impunidad que existe sobre la persecución de los delitos de cuello y corbata”, destacó el diputado DC.
“Además, le otorgamos herramientas a la Fiscalía en términos investigativos como la cooperación eficaz que existía en materia de la Ley de Drogas y bajamos los estándares probatorios que hacían difícil llevar estos delitos al estrado judicial, instalando la figura del cohecho sin contraprestación que va facilitar la tarea del Ministerio Público en materia de prueba y sanción del punto de vista penal”, agregó Silber.
En cuanto a las sanciones, el parlamentario aseguró que “innovamos mucho en materia de penas, la comisión mixta busco para las altas autoridades la pena de cárcel efectiva, y además sanciones accesorias como la inhabilitación perpetua en algunos casos, para que las personas sanciones y condenadas por delitos graves no vuelvan a la política, ni al servicio público”.
Silber sostuvo que “eso pasa en materias como el cohecho agravado, justamente, en caso que el delito haya sido cometido por altas autoridades. También establecimos penas para las personas jurídicas, para las empresas que cometan este tipo de acciones y con esto estamos cumpliendo con los estándares de la OCDE en materia de sanción de este tipo de delitos”.
Finalmente, el diputado comentó que se incorporó el cohecho internacional cuando lo cometen personas jurídicas o funcionarios públicos en el extranjero, temas que antes no eran abordados por nuestra legislación.