PABLO OVALLE ISASMENDI /AGENCIAUNO
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Este martes la Comisión de Educación del Senado modificó el proyecto de aula Segura presentado por el Gobierno, para posteriormente aprobar que sea discutido por la Sala.

Los parlamentarios eliminaron la facultad de los directores para expulsar a los alumnos que realizan actos de violencia en contra de profesores o funcionarios docentes.

Además, se dejó en manos de los reglamentos de cada colegio las acciones y sanciones que se tomarán con contra de estudiantes que participen de “hechos “graves”.

Tras esto, senadores de Chile Vamos afirmaron que en caso de que el proyecto logre avanzar con las modificaciones hechas en la Comisión de Educación, recurrirán ante el Tribunal Constitucional.

El senador Jorge García (RN) afirmó al respecto que “nuestra opinión es que se salió de las ideas matrices, lo que se están haciendo es un proyecto completamente nuevo. Al salir de las ideas matrices pasa a ser inconstitucional, pero además se aprobaron facultades para el Mineduc que solo pueden ser incorporadas en nuestra legislación por iniciativa exclusiva del Gobierno y están aprobadas por iniciativa parlamentaria”, según consigna Emol.

Por su parte, Andrés Allamand (RN) añadió que tras los cambios realizados “el proyecto pasa a ser incapaz de resolver los problemas de violencia que enfrentan los colegios. Aprobar un proyecto y después cambiarlo de la A la Z es inconstitucional, por lo tanto, es una trampa que tiene pies muy cortos, porque si no se resuelve hoy en la tarde nosotros tenemos recursos desde el punto de vista constitucional”.

A su vez, la senadora Ena von Baer hizo un llamado a los parlamentario “a que se pongan en el lugar de las víctimas, de los profesores y las familias que son víctimas de la violencia y voten a favor de la ley de Aula Segura y voten a favor de darle a los directores más herramientas para poder expulsar a un estudiante”.

Cabe señalar que esta tarde a las 16:00 horas esta programada la sesión del Senado para discutir el proyecto aula Segura, en donde se resolverá si se aprueban o no las indicaciones hechas por el Gobierno.

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