La Cámara de Diputados deberá votar si respalda, o no, que las empresas que se acojan a la Ley de Protección al Empleo no puedan repartir sus utilidades. Esto, luego de que la comisión mixta que revisó el proyecto determinara tal obligación.
En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el diputado Patricio Melero (UDI) señaló que si bien la ley está vigente, faltan por zanjar detalles importantes, aún así considera que “esta ha sido y está siendo una muy buena ley” y que “de no haber mediado esta ley (más de 400 mil trabajadores) estarían cesantes y sin ingresos”
La polémica surgió cuando Cencosud tomó la decisión de repartir sus utilidades entre sus accionistas y, a la vez, unas de sus filiales, como Paris, decidiera suspender el contrato laboral con sus trabajadores para que sea el seguro de cesantía quien le reporte ingresos. Fue el mismo Gobierno quien criticó esta acción. “Es inentendible para la ciudadanía y para el Gobierno”, dijo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.
En la comisión mixta se revisaron dos propuestas. La de la oposición indicaba que quienes se acojan al beneficio no pueden repartir utilidades, mientras que la del Gobierno postulaba que que las empresas podían repartir sus dividendos solo hasta el 30% y comprometiendo al 10% de los trabajadores.
Como explicó Melero, la alternativa del Gobierno no prosperó y se aprobó “que no se puede repartir nada si se quiere acoger al beneficio”. “Quiero fijar mi posición que en términos que a mí me parece que si una empresa quiere repartir más del 30% de sus dividendos y quiere además acogerse al beneficio, me parece que no es compatible”, dijo.
“Pero sí me parece compatible que si cumple con la normal legal que obliga a repartir el 30% de sus dividendos entre sus accionistas, donde hay muchos pequeños, por qué no le vamos a permitir si está en una situación de dificultad, si se trata de la gestión del 2019, hacerlo para salvar el 2020”, argumentó el parlamentario.
El problema, estima Melero, es que “se puede producir que el remedio puede ser peor que la enfermedad, porque los directores de empresas puestos en la disyuntiva de que su mandato es defender a los accionistas, tomen decisiones que defiendan a los accionistas y perjudiquen a los trabajadores, y eso es lo que yo no quiero”.