“Hoy se inicia el proceso de adhesión a un acuerdo que hará posible alcanzar pactos ambiciosos para tener una sociedad más justa e inclusiva”. Con esa frase, la canciller Antonia Urrejola celebró la firma del Acuerdo de Escazú.
La firma del Acuerdo se realizó en el Patio Los Naranjos del Palacio de La Moneda, y representa el comienzo de la fase de adhesión de Chile al acuerdo ambiental, que ya ha sido suscrito por 24 países de América Latina y el Caribe, y ratificado por 12 de ellos.
En la oportunidad, la autoridad subrayó que la afiliación de nuestro país al Acuerdo de Escazú “redefine nuestros objetivos de política exterior, con un claro foco en el desarrollo sostenible, sustentable e inclusivo, así como en el medio ambiente, las comunidades, las personas y la forma en que ellas interactúan; una política exterior más participativa y ciudadana”.
Esta firma, según la ministra, representa el retorno a lo mejor de nuestra tradición diplomática. “Queremos recuperar el prestigio internacional de Chile y que los chilenos y chilenas se sientan orgullosos y orgullosas de la contribución del país al mundo”.
El Acuerdo de Escazú, resultado de un proceso de negociación iniciado por Chile en la Conferencia de Rio+20, en junio de 2012, es el único tratado ambiental de la región y su relevancia radica en que es un tratado regional pionero en beneficio del medio ambiente, la equidad de género, los derechos humanos y la protección de las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente.
Entre invitados e invitadas de la sociedad civil y del mundo político, la canciller afirmó que esta acción de adhesión va en concordancia total con el programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric. “Nuestra política exterior turquesa busca fortalecer la cooperación multilateral en la protección del medio ambiente y el océano, tanto a nivel global como regional, precisamente para que podamos enfrentar conjuntamente la grave crisis climática”.
Foco en derechos humanos
Los principales beneficiarios de este acuerdo son las comunidades más vulnerables de la población latinoamericana, ya que su objetivo es garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información oportunamente, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y a acceder a la Justicia cuando sus derechos hayan sido vulnerados.
Se trata del primer tratado internacional que aborda la situación de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, con el fin de garantizar su protección. “Esto es especialmente importante porque diversos estudios ubican hoy a nuestro continente como la región del mundo que representa el mayor riesgo para las y los defensores ambientales, quienes sufren dramáticas situaciones de ataques, amenazas, intimidaciones y asesinatos”, explicó la canciller Antonia Urrejola.
En sus palabras previas a la firma, la Ministra Antonia Urrejola extendió un reconocimiento especial a quienes llevan a cabo labores desinteresadas en la defensa del medio ambiente, recordando que existen más de 128 conflictos socioambientales en Chile, de acuerdo a datos entregados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Asimismo, tuvo palabras también para resaltar la labor de 227 defensores y defensoras de derechos humanos que fueron asesinadas en 2020 a nivel global, siendo gran parte de ellas y ellos de América Latina y el Caribe.
La autoridad concluyó su intervención haciendo un especial llamado al Congreso Nacional para que tramite rápidamente la aprobación del proyecto de ley, y reiteró la total disposición y necesidad de trabajar en conjunto para acompañar el proceso que lleve a la ratificación de Chile del Acuerdo de Escazú.