Un grupo de diputados de la UDI, liderados por Cristián Labbé y Daniel Lilayu, anunciaron que la bancada gremialista suspenderá formalmente su relación con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Esto, por la salida del actual director, Sergio Micco, acusando que la petición de renuncia que la semana pasada presentaron cinco consejeros -más el apoyo de un sexto- “no es más que una burda operación política orquestada desde el propio Gobierno, y que tiene como único objetivo transformar al organismo en un brazo armado de las actuales autoridades”.
Al respecto, los parlamentarios enviaron a fines de la semana pasada una carta dirigida al instituto, manifestando que dejará de ser un interlocutor válido para cualquier acción o iniciativa legislativa en la que estén involucrados.
Tampoco reconocerán públicamente al nuevo presidente o presidenta que asuma en reemplazo de Micco.
Además, advirtieron que en la próxima discusión de la Ley de Presupuesto 2023 revisarán en detalle los recursos que solicite la institución, asegurando que “no vamos a permitir que con los impuestos de todos los chilenos se financie a una entidad que, pese a ser autónoma e independiente, estará siendo abiertamente intervenida por el Gobierno”.
“Una agenda de revanchismo”
“Llega a ser bastante grosera la manera en cómo el Ejecutivo, en complicidad con un grupo de antiguos y nuevos consejeros, buscan apoderarse del INDH con el único objetivo de instalar una agenda de revanchismo a partir de lo ocurrido en nuestro país en 2019. Es evidente que el Gobierno, amparado por el Presidente Boric, está haciendo todo lo que tengan a su alcance para adueñarse de un organismo autónomo, secuestrándolo por los siguientes cuatro años con tal de convertirlo en una entidad servicial que responde a la tesis del octubrismo y a la ideología instalada por la extrema izquierda”, cuestionaron los diputados Labbé y Lilayu.
“No nos cabe ninguna duda de que la nueva directiva del INDH, designada desde el propio Palacio de la Moneda, va a perseguir a Carabineros, a la PDI y a las Fuerzas Armadas hasta conseguir su propósito. Tampoco nos cabe ninguna duda de que buscarán liberar y exonerar a todos los delincuentes detenidos por hechos violentos y, además, exigirán que el Estado los indemnice económicamente. Y tampoco nos cabe ninguna duda de que no promoverán la reparación de las miles de víctimas de violencia rural en la Macrozona Sur, porque van a seguir defendiendo a los grupos narcoterroristas, tal como ya lo ha hecho una consejera”, criticaron Labbé y Lilayu.