El Partido Comunes se refirió la tarde de este lunes a la querella que presentó el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de 12 exmilitantes de la colectividad, entre ellos, la excandadata a gobernadora por Santiago, Karina Oliva, por fraude de subvenciones.
Mediante un comunicado, reiteraron que “ninguna de estas personas investigadas e imputadas por el Ministerio Público” está militando actualmente en el partido. De hecho, señalan que parte de ellas fueron expulsadas por el Tribunal Supremo de la colectividad, “cuya decisión fue posteriormente ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago”.
La querella que presentó el CDE ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, indica además que está dirigida también contra quienes resulten responsables por el delito de fraude de subvenciones, “sin perjuicio de otros ilícitos que se acrediten durante la investigación”.
Respecto a la Fundación Chile Movilizado, “vinculada a un grupo específico de imputados, aclarar que dejó de tener relación con el Partido Comunes junto con la salida de dichos militantes en el año 2021″.
Asimismo, manifiestan en el escrito su “plena disposición” a continuar colaborando con la justicia y con los demás organismos del Estado cuando lo requieran.
Lo anterior, “para ayudar a esclarecer los hechos cuestionados, determinar responsabilidades y aplicar sanciones si fuera necesario. No obstante ello, aclarar que judicializado el caso, no corresponde a este partido político emitir opiniones sobre el trabajo investigativo ni las acciones de la Fiscalía”.
“Valoramos los esfuerzos del Ministerio Público por avanzar en este proceso, que tanto daño le ha hecho a nuestra organización. Estamos empeñados en trabajar para recomponer y restablecer la confianza tanto de nuestros militantes, como de la ciudadanía en su conjunto, tomando medidas para asegurar una correcta administración de los recursos”, concluyen.
Querella del CDE contra 12 exmilitantes de Comunes
La querella criminal va dirigida a Martín Miranda, Ailine Ramírez, Marcelo Riffo, Juan Pablo Sanhueza, David Castillo, Jean Flores, José Robredo, Diego Corvalán, Luis Nicolás Romero, Jorge Ramírez, Camila Ríos y Karina Oliva.
De acuerdo al organismo fiscalizador en la acción judicial, los 12 imputados “realizaron una serie de rendiciones de gastos de campaña que dan cuenta de maniobras para abultar y disfrazar los gastos electorales y de esa forma solicitar al Servicio Electoral de Chile (Servel) devoluciones improcedentes, para así perjudicar al Fisco de Chile”.
Mientras que Jorge Ramírez, quien presidía el partido, Camila Ríos, secretaria ejecutiva, Martín Miranda, administrador electoral, y Karina Oliva, excandidata a gobernadora por Santiago; eran “quienes tomaban las decisiones de quién podía ser candidato, así como los gastos y financiamiento de las campañas electorales de manera concertada, con diversos coimputados señalados anteriormente”.
Además, “emitieron boletas y facturas ideológicamente falsas, por servicios no prestados o con montos abultados, con el objetivo de indicar que dichas boletas o facturas ideológicamente falsas estaban por pagar, para solicitar un reembolso mayor al Servel y justificar además los montos crediticios pedidos para tal efecto por la candidata Oliva”.
Este mecanismo para perpetrar el delito habría sido repetido también en la segunda vuelta electoral.
Finalmente, el monto que se defraudó al fisco suma un total de $293.093.681, además intentaron defraudar con $110.000.000.