El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso este lunes una querella criminal en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago contra 12 exmilitantes del Partido Comunes, entre ellos, Karina Oliva, y además contra quienes resulten responsables por el delito de fraude de subvenciones, “sin perjuicio de otros ilícitos que se acrediten durante la investigación”, señala el organismo.
De acuerdo al CDE esta acción va dirigida a Martín Miranda, Ailine Ramírez, Marcelo Riffo, Juan Pablo Sanhueza, David Castillo, Jean Flores, José Robredo, Diego Corvalán, Luis Nicolás Romero, Jorge Ramírez, Camila Ríos y Karina Oliva.
Según la querella presentada, los imputados anteriormente mencionados, “durante los períodos electorales del año 2021, cuando la querellada Oliva se postuló al cargo de Gobernador Regional Metropolitano, tanto en primera como en segunda vuelta, por la lista del partido Comunes, realizaron una serie de rendiciones de gastos de campaña que dan cuenta de maniobras para abultar y disfrazar los gastos electorales y de esa forma solicitar al Servicio Electoral de Chile (Servel) devoluciones improcedentes, para así perjudicar al Fisco de Chile”.
En tanto, Jorge Ramírez (quien presidía el partido), Camila Ríos (secretaria ejecutiva), Martín Miranda (admisnitrador electoral) y Karina Oliva (excandidata a gobernadora por Santiago) eran “quienes tomaban las decisiones de quién podía ser candidato, así como los gastos y financiamiento de las campañas electorales de manera concertada, con diversos coimputados señalados anteriormente”.
Además, “emitieron boletas y facturas ideológicamente falsas, por servicios no prestados o con montos abultados, con el objetivo de indicar que dichas boletas o facturas ideológicamente falsas estaban por pagar, para solicitar un reembolso mayor al SERVEL y justificar además los montos crediticios pedidos para tal efecto por la candidata Oliva”.
Junto a esto, el Consejo detalla que para abultar estos gastos no realizados, “Miranda incorporó además en la rendición electoral de Oliva dos facturas de la Fundación Chile Movilizado, por servicios que efectivamente no se prestaron, y cuyos informes para responder las observaciones del Servel, fueron copiados de los elaborados por la empresa Criteria Research”.
Este mecanismo para “perpetrar el delito” habría sido repetido en la rendición de gastos de la segunda vuelta electoral, pero en ambos periodos “hubo montos que finalmente objetados y luego rechazados por el Servel”.
En total, en cuanto al perjuicio al Fisco se defraudó la suma total de $293.093.681 intentando defraudar, además, el monto de $110.000.000.