Para quienes defendemos la dignidad humana y la libertad de expresión como valores esenciales de una sociedad democrática y libre, las polémicas universitarias en Estados Unidos nos ofrecen un escenario digno de analizar. Para contextualizar, frente al conflicto bélico en Gaza se han desatado una serie de manifestaciones en los campus universitarios, llegando en algunos casos a ser objeto de fuertes escaladas de violencia y ataques contra el alumnado judío. Frente a ello, las rectoras del MIT, Penn y de Harvard (Sally Kornbluth, Elizabeth Magill y Claudine Gay, respectivamente) fueron convocadas a una comisión parlamentaria dado que estas se negaron a sancionar a los alumnos por semejante conducta.
Lo que estalló el debate público fue que, ante la interrogación de la diputada Elise Stefanik quien les preguntó si “¿llamar a genocidio de los judíos constituye una causa de acoso?”, si “¿este discurso conforma bullying o acoso?” y por último si “¿estas acciones violan el código de conducta de la universidad?”; las respuestas fueron: “depende del contexto”, “en el caso de que estos discursos resulten en acciones concretas de odio” y también “si dichas acciones son dirigidas a un alumno en particular”. Como se ha dicho, varias figuras de la academia levantaron la voz a favor y en contra de las rectoras, pero una temática que preponderó en el debate fue, si las autoridades actuaron acorde a la defensa de la libertad de expresión, y de ser así dónde estarían los límites del principio de la libertad de cátedra.
Jonathan Haidt, psicólogo social y académico respondió en su cuenta de Twitter que, como defensor de la libertad de expresión podía entender las respuestas “matizadas” de las académicas, pero lo que sí denuncia es que desde el 2015 todas estas universidades han sido muy prontas en castigar las famosas “microagresiones”, consolidando lo que hoy se conoce como “corrección política” llegando a destrozar la libertad de cátedra en dichas instituciones. De alguna manera, lo que es sospechoso es la doble moral de las rectoras y motiva a cuestionarse cuales serían los parámetros para definir lo aceptable y lo que está prohibido decir y hacer en las universidades.
Sin embargo, no deja de ser difícil definir las fronteras de la libertad de expresión, porque su limitación puede transformarse fácilmente en una policía del pensamiento. Ahora bien, la libertad de expresión nace de la libertad de cátedra y queda expresada en 1915 en la Asociación Americana de Profesores Universitarios, donde se publica la Declaración de los Principios de la Libertad Académica. En dicho documento se declara la intención de proteger la libertad del conocimiento dispuesta en tres elementos: la libertad de investigación y cuestionamiento, la libertad de enseñanza y la libertad de declarar y actuar a extramuros. Como se puede ver, esta busca la defensa del conocimiento y se entiende la Universidad como el lugar propicio para que surjan nuevas ideas y preguntas por muy controversiales que estas sean, convirtiéndose en un lugar seguro para el pensamiento, libre de toda extorsión o manipulación política. Esto no incluye la libertad para atacar e insultar a otros estudiantes o profesores, en el sentido que se debe resguardad la integridad de la persona. Es aquí donde se erige un primer límite.
Con todo, siempre existen áreas grises, por lo que se espera que cada caso sea resuelto según la prudencia de quien esté a cargo, responsabilidad que le correspondería en este caso las tres rectoras en cuestión, de las cuales dos, Magill y Gay, renunciaron a sus puestos. Con respecto a ello, la autora y también académica, Ayaan Hirsi Ali, en su columna Claudine Gay and the mafia of mediocrity, explica que hace ya un tiempo que las universidades de la Ivy League han dejado de promover a altos cargos a las personas idóneas; rigiéndose opuestamente por los parámetros de los marcos de la Diversidad, Inclusión e Igualdad (DEI por sus siglas en Inglés).
Si bien no se niega la capacidad intelectual y el recorrido académico de Gay, lo que se postula es que se ha instalado una tendencia en la Academia por escoger a personas basadas en los cánones de la interseccionalidad y no así, por su excelencia o méritos. De hecho, en el mismo documento, Ayaan Hirsi Ali denuncia a Gay de haber plagiado el trabajo de la profesora Carol Swain y otras malas prácticas. Con ello, la autora se refiere a que la actual cultura obsesionada por la inclusión y la igualdad ha desmantelado admirables estructuras académicas que certificaban la excelencia, la habilidad, el esfuerzo y el mérito, en un escenario que motivaba el progreso del conocimiento. La discusión sobre la libertad de expresión no es simple y la definición de sus fronteras es aún más complejo, sobre todo porque es un principio que busca proteger la libertad y la dignidad de las personas, estableciendo un vínculo muy estrecho, difícil de determinar. Sin embargo, lo que no es difícil de condenar son las arbitrariedades que terminan claramente en hipocresías sistemáticas. Asimismo, se ha llegado a un momento donde la autocracia identitaria se ha impuesto como un paramento moral y ético demasiado rígido y totalizante que logra hacer vacilar frente a los límites de lo permisible y lo deshumanizante. Todas estas preguntas que sin duda debemos empezar a respondernos.
Columna de Antonia Russi, Investigadora Fundación para el Progreso.
