Leo Rey enfrenta un nuevo capítulo judicial que podría afectar uno de sus principales activos comerciales: su nombre artístico. Un extrabajador recurrió a tribunales para intentar cobrar una antigua deuda laboral y solicitó una medida que apunta directamente a la marca registrada del cantante.
El conflicto se remonta a 2014, cuando el sonidista Luis Meza Santa Cruz presentó una demanda laboral contra el artista, relacionada con un presunto despido injustificado y remuneraciones impagas.
Según los antecedentes expuestos en el programa “Plan Perfecto”, la deuda en ese momento superaba los $5 millones.
Con el paso de los años, el caso llegó hasta el Tribunal de Cobranza Laboral de San Felipe, instancia donde la representación del extrabajador busca concretar el pago pendiente.
Solicitud apunta a la marca “Leo Rey”
El punto que generó mayor atención dentro del proceso judicial es que la solicitud no solo contempla bienes tradicionales, sino que apunta a la marca comercial asociada al cantante.
La petición busca afectar la marca “Leo Rey”, registrada a nombre de Cecil Leonardo Leiva Reyes, nombre real del intérprete.
Según lo expuesto, la solicitud contempla que el tribunal impida temporalmente que el artista pueda disponer, ceder, licenciar o explotar económicamente la marca mientras continúa el proceso de cobranza.
Además, se habría solicitado que el cantante se abstenga de utilizar comercialmente el nombre “Leo Rey” en nuevas presentaciones, festivales, conciertos, eventos y otros espectáculos.
La aclaración sobre el nombre artístico de Leo Rey
Pese a la llamativa solicitud, existe una precisión importante: Leo Rey no ha perdido su nombre artístico ni actualmente existe una prohibición para que lo utilice.
La medida fue solicitada al tribunal y todavía debe ser analizada. En caso de ser acogida en esos términos, tendría carácter provisional mientras avance el proceso judicial.
Durante la explicación del caso en televisión, la abogada Macarena Venegas señaló que la estrategia busca apuntar a un activo que pueda tener valor económico para asegurar el cumplimiento de una eventual obligación pendiente.
