La obtención y renovación de la licencia de conducir podría enfrentar un nuevo refuerzo legal. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto que impide entregar el documento a quienes figuren en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, medida que ahora deberá debatirse en el Senado.
Aunque la propuesta se presenta como una modificación a la Ley del Tránsito, en realidad la restricción ya existe desde 2022. La Ley 21.389, que creó el registro de deudores, establece expresamente que ningún municipio puede otorgar licencia a personas inscritas como morosas. La norma exige que las direcciones de tránsito consulten en línea el registro y, si el solicitante figura como deudor, la solicitud debe ser automáticamente rechazada.
La misma ley sanciona a los funcionarios que incumplan este procedimiento, con multas que pueden llegar al 50% de su remuneración.
Pese a ello, el cumplimiento ha sido deficiente. Un informe de la Contraloría General de la República reveló que entre noviembre de 2022 y diciembre de 2024, siete de cada diez municipalidades del país entregaron licencias a personas con deudas de pensión, pasando por alto la obligación legal.
El proyecto apunta justamente a cerrar esta brecha, reforzando la fiscalización y dejando explícito en la Ley del Tránsito algo que, hasta ahora, muchos municipios han ignorado: quienes no paguen pensión alimenticia no podrán obtener ni renovar su licencia de conducir.
