La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de queja presentado por Rafaella di Girolamo, cerrando definitivamente el caso por abuso sexual contra Cristián Campos.
Con esta resolución, el máximo tribunal del país ratificó el sobreseimiento del actor, al concluir que no es posible acreditar su participación en los hechos denunciados.
El fallo señala que el recurso presentado por la defensa de Di Girolamo no permite abrir una tercera instancia judicial solo por disconformidad con una interpretación jurídica.
“No queda sino rechazar de plano el recurso de queja promovido”, argumentó la Corte Suprema, respaldando así la resolución previa de la Corte de Apelaciones.
Una acusación mediática que se arrastró por más de un año
En marzo de 2024, Di Girolamo, hija de Claudia di Girolamo y psicóloga de profesión, denunció a Campos por presuntos abusos sexuales ocurridos entre 1989 y 1995.
La denuncia fue realizada mediante la Fundación para la Confianza, lo que marcó el inicio de una mediática batalla legal que duró más de un año y medio.
En un primer fallo, el actor fue sobreseído por prescripción de los hechos, aunque el documento indicaba que los abusos sí habrían ocurrido.
Campos apeló, argumentando que no correspondía emitir juicios de culpabilidad sin una condena formal, ya que la acción penal estaba legalmente extinguida.
El 21 de agosto, la Corte de Apelaciones no solo confirmó el sobreseimiento, sino que también revirtió la afirmación de responsabilidad penal hecha en el fallo anterior.
Corte Suprema refuerza la imposibilidad de establecer culpabilidad
El fallo definitivo establece que solo una sentencia condenatoria válida puede determinar culpabilidad, lo que no ocurrió debido a la prescripción del caso.
“La determinación de responsabilidad penal solo puede efectuarse en una sentencia definitiva dictada en un proceso previo legalmente tramitado”, concluyó el fallo.
Asimismo, el tribunal discrepó del informe presentado por la fiscal judicial Clara Carrasco, señalando que no existen fundamentos suficientes para establecer participación criminal.
