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En esta edición del Espacio Libre, la economista de Libertad y Desarrollo, María Paz Arzola, advierte sobre los riesgos del Fondo de Educación Superior (FES).
María Paz Arzola en Espacio Libre: “Estos son los riesgos encubiertos del FES”
Por estos días, la Comisión de Educación del Senado dará inicio a la discusión del proyecto de ley que fue despachado por los diputados, el cual busca crear un nuevo sistema de financiamiento estudiantil para la educación superior y reemplazar al actual crédito con aval del Estado (CAE).
Este es un proyecto que se podría decir que es necesario porque el CAE tiene problemas que deben atenderse, pero el cómo hacerlo es importante. El CAE registra una morosidad que se disparó desde la promesa de condonación del presidente Boric y que hoy día llega al 63%, lo que lo está volviendo insostenible financieramente.
Además, si bien el expresidente Piñera le introdujo algunas mejoras importantes, como fue la rebaja de la tasa de interés y la introducción de un tope máximo de pago, estos son beneficios a los que sólo pueden acceder quienes están al día en el pago de sus cuotas. Es por ello que hoy se hace necesario avanzar en un mecanismo de cobranza más eficaz y mejorar las condiciones de pago para todos, evitando que haya deudores que caigan en situaciones muy adversas. Ahora bien, como decía, el cómo es importante.
El gobierno, bajo la excusa de enfrentar estos problemas, ha diseñado un nuevo sistema, el FES, que va mucho más lejos y que tendrá una serie de consecuencias indeseadas. Lo que se propone es que el Estado financie a las instituciones de educación superior, aunque cubriendo sólo hasta un arancel regulado, que es inferior al real y que los beneficiarios queden obligados a pagar, una vez finalizados sus estudios, un porcentaje de sus ingresos por un plazo de 20 años.
Este sistema no contempla la participación de la banca, sino que será administrado y financiado por un servicio público y la cobranza estará a cargo de la Tesorería General de la República y el Servicio Impuesto Interno.
De este modo, es fácil ver que el FES equivaldrá a un impuesto a la clase media, que son quienes requerirán de este beneficio. Esto, en la medida que el pago al fisco será independiente del costo de la carrera cursada, pudiendo un egresado terminar contribuyendo una suma muy superior a lo que el Estado invirtió en sus estudios. Y esto, sin importar cuál haya sido su situación socioeconómica de origen.
Hay estimaciones que indican que 4 de cada 10 beneficiarios podría terminar sobre pagando por sus estudios. Este es uno de los problemas del FES, pero hay otros más. El segundo dice relación con el negativo impacto que este tendrá sobre la autonomía y sostenibilidad del sistema de educación superior.
Esto, porque el financiamiento fiscal se fijará en un monto inferior a lo que recaudan hoy las instituciones, lo que no sería un problema si el proyecto no les prohibiera, además, cobrar un copago a sus estudiantes.
Para hacerse una idea, cifras de la Superintendencia de Educación Superior indican que para algunas universidades e institutos profesionales, el copago representa más de un tercio de sus ingresos operacionales totales. ¿Cuánto de eso se perderá por participar del FES? No está claro, pero sí es posible anticipar que este sistema significará un deterioro de su situación financiera y una alta dependencia del Estado, con la amenaza que ello conlleva a su autonomía.
Por último, una tercera dimensión que se verá afectada por el FES son las finanzas públicas. Según el informe financiero del proyecto de ley, este será un sistema fiscalmente neutro, lo que quiere decir que en régimen no requerirá de un aumento del gasto público. Lo cierto es que ese resultado depende de una serie de supuestos que son cuestionables, principalmente porque omiten los efectos que el mismo FES tendrá sobre el comportamiento de sus potenciales beneficiarios y las propias instituciones de educación superior.
Por ejemplo, al calcular los ingresos fiscales asociados al FES, se excluye la posibilidad cierta de que estudiantes de carreras de alto retorno prefieran otras alternativas de financiamiento menos costosas, o bien que soliciten el FES y luego trabajen en la informalidad, privando en definitiva de los ingresos para sostener este sistema. Anticipar el incremento de todas las partes involucradas es complejo y por eso urge que el gobierno considere más escenarios, inclusive los más negativos. No vaya a ser que pase lo mismo que ya ocurrió con el CAE e incluso con la gratuidad, que hoy día nos cuesta el doble de lo que se proyectó en su momento.
Ahora, independiente de lo anterior, al revisar las predicciones presentadas por el gobierno, se observa que los ingresos fiscales anuales que se espera recaudar del pago de los egresados son siempre inferiores a los desembolsos que se destinarán para costear los aranceles regulados.
La razón de por qué el informe financiero del proyecto arroja que en la última línea habría un ahorro fiscal neto, es porque en paralelo este contempla un menor gasto público debido a la postergación de la gratuidad, la eliminación de las becas de arancel y la sustitución de un CAE que se supone mantendrá la altísima morosidad actual y que el Estado no hará ningún esfuerzo por revertir con las herramientas que ya posee, algo que entre paréntesis es bien inaceptable.
En definitiva, estamos frente a un proyecto que se propone en respuesta a un problema real en lo concerniente al CAE, pero que opta por un diseño equivalente al de un impuesto al capital humano para la clase media, algo que por razones obvias no existe en ningún país del mundo.
El FES podría significar una carga financiera desproporcionada sobre un grupo de beneficiarios y representa una amenaza para la autonomía y supervivencia de las instituciones de educación superior, así también es un sistema que probablemente termine demandando cuantiosos recursos fiscales. Esperemos que los senadores analicen este proyecto con cautela y que sean conscientes de que el FES no es la única alternativa para atender los problemas del CAE. Existen otras opciones mejores que el Gobierno no ha considerado.
Es posible avanzar con una reforma que mejore la situación actual pero sin exponernos a los problemas que traerá el FES.
