Esta tarde se estrena en Agricultura TV un nuevo episodio de “Espacio Libre”, instancia donde expertos abordarán los temas más importantes de la contingencia a través de videocolumnas.
En este espacio, los destacados profesionales analizarán en profundidad distintos aspectos de la política y actualidad nacional e internacional, entregando perspectivas nuevas sobre los hitos que marcan el día a día.
Las columnas se estrenarán todos los lunes, miércoles y viernes a las 20:00 horas a través del canal de YouTube de Agricultura TV.
En esta edición del Espacio Libre, la economista de Libertad y Desarrollo, María Paz Arzola, sostiene que ordenar el gasto público no requiere afectar beneficios sociales, sino eliminar programas ineficientes y sacar operadores políticos enquistados en el Estado. Subraya que el verdadero progreso viene del empleo, la productividad y el emprendimiento, no de un Estado sobredimensionado.
María Paz Arzola en Espacio Libre: “¡Recortar el gasto público YA!
A raíz del elevado déficit fiscal de los últimos años, y en especial durante el actual gobierno, hoy se hace evidente la necesidad de recortar el gasto público. Objetivo difícil, pero que afortunadamente se tomó la agenda pública, con la presentación de estudios valiosos, como uno del CEP, que propone recortes de hasta un 1,7% del producto, y el de la reciente Comisión de Gasto Público, convocada por el propio gobierno, y que contiene medidas para reducir en 2.000 millones de dólares el gasto. Hasta la contralora, Dorothy Pérez, declaró recientemente que su próxima cruzada será verificar si los beneficios sociales se están entregando correctamente.
Y los candidatos presidenciales no se han quedado atrás. Mientras José Antonio Kast propone un recorte por 6.000 millones de dólares en sus dos primeros años de gobierno, Evelyn Matei comprometió una reducción de 8.000 millones en cuatro años, a un ritmo de 2.000 millones por año. Solo Jeannette Jara, la candidata oficialista, parece que vive en otro país, porque no se ha puesto metas al respecto, sino que, por el contrario, dijo que no piensa hacer recortes.
L” importante es que exista la convicción de que este asunto no se puede eludir, porque los críticos van a aparecer. Y ya han aparecido, de hecho, encabezados por el propio presidente Boric, que hace unos días, en cadena nacional, presentando el proyecto de presupuesto 2026, no dudó en usar su tribuna para intervenir en la campaña y criticar la cifra comprometida por Kast. A ver, nadie ha dicho que sea una tarea fácil.
Reducir el gasto público significa descontinuar programas ineficientes o poco pertinentes, y también reducir el empleo público, sacar operadores políticos de todos los partidos y soportar la presión de grupos de interés que van a hacer ruido. Por eso es tan importante mantener la convicción. Y hay dos hechos claves que no hay que perder de vista.
Uno, que es posible recortar el gasto público sin afectar los beneficios sociales. Y dos, que en Chile la histórica reducción que al menos hasta hace algunos años exhibía la tasa de pobreza, no proviene ni de los subsidios estatales, sino que de la mejora en el empleo, del crecimiento económico y del alza de los ingresos generados por las propias familias. Déjenme partir por este último punto.
Un estudio del Ministerio de Desarrollo Social y Familia calculó que entre 1990 y 2017, el 92% de la reducción en la pobreza se debió al crecimiento económico y solo el 8% al componente redistributivo, esto es la acción estatal. Esto quiere decir que durante las tres décadas más exitosas de nuestra historia, en términos de reducción de la pobreza, lo que hubo detrás no fue la entrega de subsidios, sino que el trabajo y la generación de ingresos propios por parte de los hogares. En la misma línea, según calcula la OCDE, la desigualdad de ingresos en Chile varía muy poco una vez que se agregan las transferencias del Estado a los hogares, esto es los famosos beneficios sociales.
Lo que estas cifras nos dicen es que la reducción de la pobreza, incluso la desigualdad y en definitiva el progreso del país, no se logra mediante la acción estatal. Es la iniciativa privada, el emprendimiento, la mejora en productividad, el empleo y la generación de ingresos propios lo que ha hecho y lo que permitirá al país seguir progresando. No el gasto público y menos si este crece a niveles insostenibles, porque el despilfarro se paga y lo que hoy gastemos de más van a tener que pagarlo nuestros hijos.
El llamado entonces es a perder el miedo a reducir el gasto público, los recortes que se necesitan para estabilizar nuestras finanzas públicas no solo son posibles, sino que además no tienen por qué afectar el bienestar social. Se puede recortar el gasto sin eliminar beneficios que hoy la población valora. De hecho, de lo que el Estado chileno está gastando hoy hay una proporción significativa que no va a beneficios sociales ni a financiar servicios imprescindibles.
Según el informe estadístico de las finanzas públicas que elabora anualmente la dirección de presupuestos, la DIPRES, el gasto público total el año pasado fue de casi 80.000 millones de dólares. Esto equivale a un promedio de más de 3.800.000 pesos por cada chileno y de esos 2.800.000 pesos en promedio corresponden a programas en ámbitos que se definen como sociales, salud, educación, vivienda, protección social. ¿Ve usted algo de esa plata? Le apuesto que no y si se reduce le aseguro que no le va a afectar.
Uno, porque de este gasto hay mucho que va a financiar ineficiencias. En 2024, el 46% de los programas públicos fueron programas chicos que ejecutaron menos de 2.500 millones de pesos. Hay bastante consenso entre los especialistas en que la mayoría de esos programas chicos, que a veces tienen un gasto administrativo proporcionalmente alto y son los que presentan mayores deficiencias en diseño y desempeño, sencillamente debieron discontinuarse.
Así también, si revisamos a qué se destinan los recursos con fines sociales, solo una fracción de ellos va realmente al financiamiento de prestaciones importantes para la población, como pensiones, subvenciones escolares o transferencias monetarias a los hogares. Mientras que del resto hay una gran cantidad de programas que no necesariamente representan un beneficio directo para la población y para el país. De acuerdo con el monitoreo de programas que realiza la Subsecretaría de Evaluación Social y la misma DIPRES, la mayoría de estos programas tienen problemas de diseño, no tienen bien definidos sus objetivos ni la población a la que deben atender, presentan problemas de implementación, o sea, no se aplican correctamente ni llegan necesariamente a quienes se supone que tienen que llegar.
Entre estos hay iniciativas que abordan asuntos importantes y que, por lo tanto, vale la pena reformularlas y mejorarlas. Para ahora sí que cumplan sus objetivos, pero hay otras iniciativas que son un gastadero de plata y que lo que hoy corresponde es descontinuarlas. Esto no solo se puede, sino que debe hacerse.
No quiero marearlos con más datos, pero en suma todas estas cifras y antecedentes muestran que hay espacio. Habrá que buscarlo y no será tarea fácil, pero hay que hacerlo. Esperemos que el próximo gobierno tenga la convicción y que todos quienes estamos a favor de que se tomen estas medidas por el bien del país nos pongamos del mismo lado.