Esta tarde se estrena en Agricultura TV un nuevo episodio de “Espacio Libre”, instancia donde expertos abordarán los temas más importantes de la contingencia a través de videocolumnas.
En este espacio, los destacados profesionales analizarán en profundidad distintos aspectos de la política y actualidad nacional e internacional, entregando perspectivas nuevas sobre los hitos que marcan el día a día.
Las columnas se estrenarán todos los lunes, miércoles y viernes a las 20:00 horas a través del canal de YouTube de Agricultura TV.
En esta ocasión contamos con la presencia de la economista de Libertad y Desarrollo, María Paz Arzola, cuestionando la decisión del Gobierno de postergar hasta 2026 los resultados de la encuesta CASEN.
Nueva línea de pobreza reabre el debate sobre gasto social
Aproximadamente de 600.000 pesos al mes es la línea de pobreza que definió la Comisión Asesora Presidencial, que realizó una serie de recomendaciones para actualizar la metodología de medición de la pobreza en el país. Esto para un hogar de cuatro personas y que no paga riendo, ya sea porque alguno de sus miembros es propietario de la vivienda o porque ésta le fue cedida. Este valor representa un estándar más alto en comparación con el de la metodología vigente, lo que explica que la tasa de pobreza para 2020 sería de $1.000 millones.
En 2022, el último año con información, suba desde 6,5 a 22,3%. En espera de saber si el gobierno acogerá las recomendaciones de la Comisión y las incorporará a la metodología oficial, estas cifras nos dejan desde ya algunas preguntas. La primera dice relación con los cambios metodológicos que llevan a elevar el estándar para definirse un hogar pobre.
Estos son básicamente tres. Uno, se propone utilizar una nueva versión de la encuesta de presupuestos familiares para actualizar los bienes que forman parte de la canasta básica de consumo, mediante la cual se calcula la línea de la pobreza. Esto es el umbral de ingresos bajo el cual se considera que un hogar es pobre.
El objetivo de esto es incorporar el cambio que exhiben los patrones de consumo de la población desde el año 2011 hasta ahora. Así también, esta nueva versión permite corregir los precios de los bienes que forman parte de esta canasta y que en la medición vigente se encontraban subestimados. Dos, se sustituye una parte de los alimentos ultraprocesados de la canasta básica de consumo por alimentos saludables, de tal forma de establecer un estándar ya no relativo a las calorías que se necesita consumir, sino al tipo de alimento del cual éstas deben obtenerse.
Y tres, se recomienda diferenciar entre hogares que son propietarios de su vivienda y aquellos que deben pagar arriendo, para cada uno de los cuales se calcula una línea de pobreza distinta, de modo de reconocer que sus necesidades de gasto y por lo tanto de ingresos corrientes no es la misma. Con este cambio se busca enmendar una de las falencias que tiene la metodología vigente, que imputa a los hogares propietarios un ingreso adicional que, al no tratarse de dinero en efectivo, lleva a sobreestimar sus posibilidades de gasto y con ello a subestimar los niveles de pobreza. De estos cambios, el que explica la mayor parte del alza en la línea de la pobreza es la actualización de los precios a los cuales se valora la canasta básica de consumo, es decir, el menos discutible porque corresponde a una corrección que permita representar de mejor manera el costo efectivo del consumo mínimo que se está fijando como estándar para no ser pobre.
Por otro lado, el cambio que deja más dudas es el de los alimentos saludables, porque a través de este pareciera estarse fijando no solo un estándar respecto a los ingresos que se requieren para no ser considerado pobre, sino más bien uno sobre el tipo de alimentos que la población debiera consumir. Aunque son bienvenidas las iniciativas que promuevan mejores hábitos de vida, y de hecho existen varias como los sellos alto en o los impuestos correctivos, es cuestionable que esta sea la instancia para establecer una definición normativa sobre la alimentación. Además, si bien en esta oportunidad el efecto de este cambio sobre el valor de la canasta y de la línea de la pobreza es acotado, a diferencia de la metodología vigente que construye la canasta a partir del patrón de consumo efectivo en los hogares de menores ingresos, la definición de una canasta saludable introduce una fuente potencial de discrecionalidad que en un tema tan sensible como la medición de la pobreza podría resultar problemático.
Especialmente cuando en paralelo el gobierno anunció el aplazamiento en la publicación de la encuesta CASE en 2024. Esto es la fuente de información a partir de la cual se calculará la tasa de pobreza del país para ese año. Aunque su entrega estaba programada para este mes, el gobierno decidió tomarse hasta enero de 2026 para resolver cuáles de las recomendaciones de la comisión va a acoger.
Independiente de lo necesario que pueda ser este aplazamiento, lo que aquí está en juego es la confianza en el instrumento. La medición de la pobreza debe sustentarse en una metodología y en una institucionalidad que estén libres de cualquier asomo de intervención con fines políticos. De lo contrario, se daña la credibilidad en un indicador que, para cumplir su rol de evaluación y orientación de políticas públicas, requiere de legitimidad.
Y en ese contexto, abrir un espacio de discrecionalidad al definir la canasta de bienes que determina la línea de la pobreza puede poner aún más en entredicho esa legitimidad. Una segunda pregunta que surge de las recomendaciones de la comisión dice relación con el aumento en la tasa de pobreza que éstas llevan. ¿Cómo afecta a las prioridades del país el que la pobreza se recalcule y salte desde un 6,5% a un 22,3% de la población? Sin duda, este es un llamado de atención al país y a los tomadores de decisiones que en los últimos años han tendido a invisibilizar el problema de la pobreza, relegándolo ante las demandas de grupos de interés organizados y priorizando iniciativas dirigidas a complacerlos.
El ejemplo más emblemático de esta dinámica es la gratuidad universal de la educación superior, que sin encontrarse aún en régimen ya nos está costando más de 2.000 millones de dólares, casi el doble de lo que se destina a salas cunas y jardines infantiles, ámbitos donde realmente se juega el futuro del país. En los últimos 15 años, el gasto social del Estado creció un 87%, pero al examinar la oferta de programas disponibles se encuentran ineficiencias, dispersión, duplicidad de esfuerzo. Además, solo un 15% de estos programas tienen como objetivo la superación de la pobreza.
La desfocalización de las prioridades del gasto público queda aún más patente al observar que entre 2006 y 2022 los subsidios monetarios del Estado dirigidos al 10% de la población con mayores ingresos crecieron 10 veces, mientras que los destinados al 10% más pobre aumentaron solo 3,6. Frente a esta actualización metodológica, que revela la magnitud de la pobreza que es mucho mayor de la que pensábamos, ya no es posible seguir cerrando los ojos. Es urgente reordenar las prioridades del Estado y repensar los programas sociales, pero también poner con fuerza el crecimiento económico en el centro de la agenda, pues este es la única vía para generar más y mejores oportunidades laborales, así como los recursos necesarios para apoyar a los más desfavorecidos.
Esperemos que estos temas estén presentes en los programas presidenciales y que mientras el Gobierno decide qué cambios acogerá, los cálculos de la Comisión Asesora Presidencial sirvan como señal de alerta para sacudirnos y movilizarnos. Subtítulos por la comunidad de Amara.org.
