Un tribunal de justicia peruano suspendió este jueves la audiencia de pedido de prisión preventiva para la líder opositora Keiko Fujimori, quien salió de la cárcel hace un mes, luego que la fiscalía omitiera entregar a la defensa nuevas pruebas relacionadas con el escándalo Odebrecht.
“Se suspende la audiencia para el 28 de diciembre, se continuaría el 31 de diciembre y el 2 de enero de 2020“, anunció el juez Víctor Zuñiga, cuando habían transcurrido unos 30 minutos de iniciada la sesión.
La decisión se debió a una queja de la abogada Giulliana Loza, quien sostuvo que la fiscalía no le aportó con anticipación las nuevas pruebas contra su clienta.
La audiencia había sido considerada como “inaplazable” por el Poder Judicial, y no contó con la presencia de Keiko Fujimori.
“Voy a seguir la audiencia desde la casa de mi mamá en compañía de mi familia y será (la abogada) Giulliana Loza la que expondrá mis razones y defensa técnica. Si hay aún un poquito de justicia y de estado de derecho, este pedido repetido no pasará”, escribió la líder opositora en Twitter.
El fiscal José Domingo Pérez pidió al juez que dicte 36 meses de prisión preventiva alegando que existe peligro de fuga y de obstrucción a la justicia por parte de Fujimori, a raíz de nuevas pruebas surgidas en las últimas semanas.
El pedido contra la líder del partido Fuerza Popular (derecha radical) se evaluará cuando falta un mes para las elecciones legislativas extraordinarias, donde su agrupación figura en segundo lugar en los sondeos detrás de la centrista Acción Popular.
Keiko, de 44 años y madre de dos hijas (de 12 y 10 años), declaró recientemente: “No existe peligro de fuga porque así lo determinaron los jueces, y los presuntos peligros de obstrucción, el Tribunal Constitucional en su fallo que me dio libertad, los descartó“.
Pero el fiscal Pérez estima que existen nuevos elementos contra Keiko, a la que acusa de recibir dinero sucio de la constructora brasileña Odebrecht y otras fuentes para financiar sus campañas electorales de 2011 y 2016.
A la acusación de lavado de activos, Pérez quiere sumar las de obstrucción a la justicia, asociación ilícita, falsedad genérica, fraude procesal y organización criminal.
Durante la audiencia, que se realizó en medio de una huelga judicial parcial, el juez Zuñiga sorprendió al leer una serie de reclamos por mejoras salariales.
“Que nuestro clamor por justicia y dignidad sea escuchado”, dijo el magistrado al inicio de la audiencia. La sesión era transmitida en directo por varias televisoras.
Agence France-Presse