A contar de las 10 horas de hoy, en la segunda sala del Tribunal Constitucional, se realizarán los alegatos por el requerimiento presentado por el Partido Socialista en contra del acuerdo entre la Fiscalía Metropolitana Oriente y los controladores del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, además del ex subsecretario Pablo Wagner, para ir a juicio abreviado.
A favor de este acuerdo argumentarán la fiscalía, las defensas de los imputados, los abogados del Servicio de Impuestos Internos (el SII es querellante) y el defensor del ex ministro de Minería, Laurence Golborne, quien se hizo parte en la causa. El Consejo de Defensa del Estado no tomó posición. Por los diputados del PS que presentaron el requerimiento lo hará el abogado Enrique Aldunate.
El 12 de junio pasado, un día antes del juicio abreviado que se realizaría en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, el TC acogió a trámite el requerimiento presentado por los diputados Marcelo Schilling y Leonardo Soto, además de los ex parlamentarios Osvaldo Andrade y Daniel Melo, querellantes particulares en la causa, quienes acusan que el acuerdo es inconstitucional. Con esta medida, el TC suspendió el procedimiento abreviado y llamó a alegatos.
El acuerdo consiste en que, en el caso de Délano y Lavín, la fiscalía retira los cargos de cohecho y mantiene los delitos tributarios por un perjuicio fiscal de $1.700 millones. La fiscalía pediría una pena de cuatro años de presidio que ambos imputados podrían cumplir en libertad, más el pago de una multa aún por definir.
La fiscalía decidió retirar la acusación de soborno por el pago de $42 millones al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, por las dificultades para probar el delito en un juicio oral. Además, Délano y Lavín tienen las atenuantes de irreprochable conducta anterior y reparación del mal causado, mediante el pago de $6.000 millones.
En el caso de Wagner, la fiscalía retira la acusación de cohecho y la cambia por la de enriquecimiento ilícito, debido precisamente a la dificultad de probar el delito. Wagner recibió los $42 millones de parte de Penta como parte de honorarios adeudados, pero recibió el dinero cuando ya ocupaba el cargo en el primer Gobierno de Sebastián Piñera.
En su requerimiento, los representantes del Partido Socialista piden que se declare inconstitucional la norma que limita la actuación del querellante en el juicio abreviado. También argumentan que la pena a los controladores de Penta y el ex subsecretario Wagner debe ser definida por un tribunal en juicio oral y no por un fiscal, como acontece en este caso.
En marzo de 2015, el entonces fiscal Carlos Gajardo a cargo del caso Penta formalizó a los controladores por haber montado “una máquina para defraudar al fisco”, y logró que el Octavo Tribunal decretara la prisión preventiva de ambos, la que cumplieron durante 46 días para luego pasar 229 días en arresto domiciliario.