La fiscal de Alta Complejidad Metropolitana, Macarena Cañas, solicitó a la Contraloría General de la República el envío de una “copia de la rendición de cuenta anual de gastos reservados asignada a Carabineros de Chile por Ley de Presupuesto 2017”, con el objetivo de determinar el uso que se dio a estos recursos fiscales.
Como informó hoy El Mercurio, la diligencia la decretó en la indagatoria abierta en abril de 2017, tras la declaración del ex jefe de Finanzas de Carabineros, general (r) Flavio Echeverría y otros co imputados en el caso del millonario fraude al interior de la institución policial.
Anteriormente, específicamente el año pasado, Cañas había presentado un requerimiento de similar naturaleza, respecto del período 2007 a 2016.
En aquel entonces, el contralor Jorge Bermúdez respondió que la entidad que encabeza “no se encuentra en condiciones de llevar a cabo un examen exhaustivo de los egresos realizados, ni de verificar la finalidad real de los desembolsos hechos con cargo a tales recursos y, en definitiva, de pronunciarse sobre su legalidad”. Porque, precisó, prescinde de “documentación de respaldo” y solo cuenta con declaraciones juradas.
Previamente, en 2016, el mismo Bermudez había puesto en aviso a la ex Presidenta Michelle Bachelet, sobre “las susceptibilidades detrás de los gastos reservados y la insuficiencia de sus rendiciones de cuentas para efectos de realizar un adecuado control” del destino de los mismos.
Cabe consignar que, como explica el mismo medio, que Contraloría también le remite el marco legal para el uso de los fondos fiscales contenido en la Ley N° 19.863, que en su artículo 6° establece:
“Los gastos reservados solo podrán emplearse en los fines propios de las actividades respectivas, con lo cual la ley reitera el imperativo que los egresos, en comento, solo pueden utilizarse en el cumplimiento de las funciones inherentes a cada una de las reparticiones que correspondan”.
De este modo, un tema clave para la fiscal Cañas determinar la ruta y destino final que tuvo el dinero proveniente de gastos reservados que se asignaba a distintas autoridades al interior de la institución policial. El presupuesto anual a repartir era de $400 millones y US$ 90 mil.
El objetivo será aclarar si es que, al menos, desde 2007 y hasta que se inició la causa, estos recursos fueron en ocasiones derivados a fines distintos a aquellos que fija la ley, considerando que hay funcionarios de Carabineros que recibieron fondos de esta naturaleza como parte de sus remuneraciones.