En calidad de autor en el grado de consumados de los delitos de prevaricación administrativa y negociación incompatible por tráfico de influencias fue acusado el alcalde de Recoleta Daniel Jadue en el juicio que le interpuso la empresa Desarrollo Inmobiliaria Bellavista, a la que el edil le ha negado insistentemente desde 2013 la recepción de una de las torres del proyecto emplazado en la comuna, pese a los contundentes fallos de la Corte Suprema que lo han obligado a ello.
Ello, tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) de octubre recién pasado que, por la mayoría de sus integrantes, resolvió que tanto el alcalde Jadue como su director de obras, Alfredo Parra, pueden ser acusados penalmente por los delitos de prevaricación y negociación incompatible. El TC acogió el reclamo de inconstitucionalidad presentado por la inmobiliaria a raíz de la decisión de no perseverar en la investigación anunciada por el fiscal a cargo de las indagatorias de la querella presentada en contra del edil.
El TC estimó que el fiscal de alta complejidad no podía tomar la decisión de no perseverar sin antes haber formalizado a Jadue, ya que se le privó al querellante, en este caso la inmobiliaria, “su derecho a ejercer la acción penal pública que establece la Constitución”.
Asimismo, el TC resolvió que “el derecho del querellante -la inmobiliaria- es a ejercer la acción penal, que implica la posibilidad en la pretensión punitiva- por la vía de la acusación adhesiva o autónoma- con independencia de la decisión unilateral del Ministerio Público”.
En consecuencia, Inmobiliaria Bellavista presentó la acusación particular junto a una batería de pruebas que se conocerán en el juicio, entre las que se encuentran las que demuestran faltas graves a la probidad y transparencia por parte del alcalde Jadue, “configurándose con su proceder una clara desviación de poder y una torcida administración”.
Entre los medios de prueba que se acompañan para acreditar los delitos de la acusación figuran diversos fallos judiciales que establecen que “el señor Jadue ha atentado contra la respetabilidad y eficiencia de la función jurisdiccional” de los órganos que forman parte de la Administración del Estado. Asimismo, sentencias que dejan “en evidencia de manera inequívoca y definitiva, la finalidad que siempre ha tenido la Municipalidad de Recoleta de no entregar la recepción definitiva de la Etapa II del Proyecto Conjunto Armónico Bellavista, valiéndose de innumerables actos interminables de carácter administrativo para no dar cumplimiento a resoluciones judiciales”.
Se presentan como testigos para el juicio la ex abogada procuradora fiscal del Consejo de Defensa del Estado, Irma Soto; el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Gajardo, ex funcionarios de la Municipalidad de Recoleta, peritos y otros. Además, 5 sentencias de la Corte Suprema que avalan las acusaciones, 2 sentencias de la Corte de Apelaciones de Santiago y otras 2 de tribunales de primera instancia en favor de la parte querellante.
En conclusión, señala la acusación, “todo lo expuesto permite concluir indefectiblemente las graves ilegalidades de las actuaciones de los acusados- entre los que además de Jadue está el director de Obras, Alfredo Parra- en la dictación sucesiva en el tiempo de sendos actos administrativos, sabiendo o debiendo saber que eran manifiestamente injustos y contrarios a la ley”.
La querella fue presentada en 2017 por la empresa Desarrollo Inmobiliario Bellavista para investigar los actos reñidos con la ley y probidad por parte del alcalde de Recoleta y de todos quienes resulten responsables en el litigio generado por los decretos de demolición firmados por el alcalde Jadue de los últimos años.