El senador Kenneth Pugh impulsará una iniciativa que permita trazar el agua con que son llenados estos camiones y también trazar la operatividad de estas flotas de camiones que, por una parte, son arrendados por municipios y otros -particulares- recorren las comunas vendiendo agua a cientos de poblaciones.
Esto a raíz de un reportaje de un medio de comunicación que revela el altísimo gasto fiscal en camiones aljibes que asciende hasta el 17 de febrero a 9.720 mil millones de pesos, de acuerdo a las cifras entregadas por la Subsecretaría del Interior.
“Los camiones aljibes, que están diseñados como una solución de emergencia para surtir de agua a la población, ha pasado a ser una solución permanente y que sin duda esconde un tremendo negocio“, señaló el parlamentario independiente, quien además pone la atención a la certificación de estos si son realmente apto para el traslado de agua potable.
Asimismo, sostuvo que “es inaceptable que se esté lucrando con el agua, por ello es urgente crear un sistema de gestión para el caso de los aljibes que sean financiados con fondos públicos, y un sello de calidad de agua”, sostiene Pugh.
Por ejemplo –explica el senador Pugh- hoy en El Tabo un camión repartidor de agua vende en $10.000 los mil litros de agua y los 5 mil litros en $50 mil. En Petorca el precio del agua a través de camiones varía entre $2.500 y $17.000 por metros cúbicos; es decir, para el representante de la región de Valparaíso esto es un negocio redondo ante una situación de sequía que se está incrementando, por ello es urgente trazar el agua, cambiar la cultura en el uso el agua y modernizar los sistemas de acuíferos de embalses y al mismo tiempo acelerar la construcción de plantas desaladoras.
Pugh puso como ejemplo en la Gobernación Provincial de Petorca entre 2012 y 2018, compró agua potable y su proceso de distribución a través de camiones aljibe por un valor total de $8.754.121.511. Es urgente que se aborde esta situación.
Junto con esto, sostiene que “debe haber una fiscalización efectiva con registro de entrega, que debería integrar el control del Servicio de Impuestos Internos, pues se está vendiendo el producto al usuario final, monitoreo remoto de los camiones a través de GPS, que permita verificar su trayectoria y así poder controlar, por ejemplo cargas o descargas fraudulentas”.
“Tenemos la tecnología para hacer una eficiente fiscalización que le asegure al Estado y a los vecinos que el agua que se reparte y se vende es potable, y que tiene un origen formal”, cerró.