Tras ser condenado por el delito de abuso sexual, Nicolás López desapareció del mapa financiero, esto porque sus bancos decidieron cerrar sus cuentas vinculadas al director de cine.
De acuerdo a La Tercera, Banco de Chile e Itaú emitieron informes donde afirman que la condena dictada en su contra es suficiente razón para poner término a los contratos.
“Banco de Chile se encontraba facultado contractual y reglamentariamente para cerrar unilateralmente la cuenta corriente del recurrente y sus productos asociados”, mencionó en una carta.
Desde la entidad precisaron en el cierre de la sociedad la Producciones Dobleverso Limitada; “encontrándose, además, estipulado y regulado el procedimiento aplicable para que esa decisión unilateral produzca todos sus efectos”.
“Durante el primer semestre del año en curso, mi representado tomó conocimiento mediante información pública disponible que el Sr. López había sido declarado culpable por el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar, de dos delitos de abuso sexual, condenándose al recurrente el 15 de mayo pasado a la pena de cinco años y un día de presidio efectivo; razones que, conforme la cláusula acordadas por las partes, justificaban el término de los contratos de cuenta corriente“, aclaró el banco.
Itaú hizo lo mismo con Nicolás López
Ante el recurso de protección que el cierre de los productos del cineasta, la institución afirmó que “no constituye en la especie un acto arbitrario ni ilegal. No fue un acto espontáneo, veleidoso ni caprichoso. Al contrario, se trató de una decisión fundada en derecho, causada y responsable“.
“En consecuencia, es imposible y se encuentra prohibido para el banco seguir operando con el recurrente; pues este incurre en una causal expresa de prohibición de operar. Esto es, haber tenido relación con actividades delictivas”, añadió el ente.
Asimismo, indicaron que “las figuras o conductas proscritas por la Política de Prevención no están diseñadas bajo una lógica de peligro concreto; sino sobre la noción de riesgo involucrado en cada una de estas conductas”.
En ese sentido, Itaú profundizó que “el hecho de que el recurrente haya incurrido en los delitos comprobados por la justicia, activa un riesgo de comportamiento penalmente ilícito que, no es soportable para el banco“.
Y concluyó que “el riesgo subyacente se explica en que la circunstancia de que el cliente presente involucramiento actual en actividades delictivas, incrementa el riesgo potencial, de que sus fondos actuales o futuros puedan tener relación con actividades delictivas; circunstancia que podría comprometer incluso la responsabilidad penal del Banco”.