El Ministerio de Vivienda y Urbanismo se refirió este jueves al Caso Convenios y los resultados del informe de Contraloría al respecto, en el cual se demuestra el mecanismo que utilizó la Fundación Democracia Viva y como este se repite en varias zonas del país.
“Valoramos este nuevo informe elaborado por el ente contralor, ya que las recomendaciones que se plantean ya están siendo abordadas y en su mayoría se encuentran ejecutadas por este ministerio”, señala Minvu a través de un comunicado.
“Hemos actuado de manera seria y proactiva, iniciando investigaciones internas, estableciendo responsabilidades políticas y administrativas”, se añade.
“Desde un principio, planteamos que el modelo de transferencias de recursos del Programa de Asentamientos Precarios, que inicia su relación con instituciones sin fines de lucro en 2019 y que fue utilizado por las últimas administraciones ministeriales, incluyendo ésta, requería de un estándar mayor de control. Dicho modelo presentaba deficiencias que abrían la puerta a la corrupción, como en el caso de Democracia Viva”, agrega el ministerio.
En la misma línea, desde la cartera reconocieron que el actual modelo permite “la falta de un proceso de concursabilidad para las fundaciones, lo que llevaba a no exigir antigüedad y experiencia comprobable a dichas organizaciones y sus equipos; la ausencia de un registro de fundaciones; la no estandarización de los convenios de transferencias; la falta de obligatoriedad en la exigencia de boletas de garantías; y una deficiente forma de rendir los recursos, entre otras falencias”.
“Se está implementando una Agenda de Modernización con 19 medidas para el rediseño completo del programa y de la relación institucional con las fundaciones, con énfasis en la integridad, transparencia y seguridad de la información, así como la optimización de los procesos de transferencia”.
“No vamos a tolerar que se cometan actos de corrupción con los dineros destinados a las familias más necesitadas. Vamos a perseguir todo tipo de irregularidad y pondremos todos los antecedentes a disposición de las instituciones correspondientes, quienes serán las encargadas de establecer las responsabilidades administrativas, civiles o penales”, cierran.