El debate sobre las apuestas online en el país está entrando en una etapa donde la pregunta ya no es únicamente si deben regularse.
Durante septiembre de 2026, la Comisión de Economía del Senado informó avances en el trabajo de una mesa técnica constituida con el Ejecutivo para abordar un proyecto que regula las plataformas de apuestas en línea.
Entre las materias planteadas aparecen las licencias, la identificación de propietarios y beneficiarios finales, la protección al consumidor y un régimen tributario específico.
Hoy en día, la discusión también apunta a determinar quiénes podrían operar, qué requisitos tendrían que cumplir y qué mecanismos existirían para proteger a quienes utilizan estas plataformas.
Una licencia pasaría a marcar la diferencia
La regulación que se discute busca establecer condiciones formales para operar en el país. El proyecto, identificado como Boletín N° 14.838-03, lleva varios años de tramitación y contempla un sistema bajo supervisión estatal.
Durante su discusión en la Cámara se propuso expresamente que solo pudieran operar en Chile aquellas plataformas que contaran con una licencia otorgada por la Superintendencia, además de cumplir requisitos técnicos y otras condiciones establecidas por la normativa.
Esto establecería una diferencia reconocible entre plataformas autorizadas y aquellas que operen sin permiso. La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) sostiene que, bajo el marco vigente, la explotación comercial de plataformas de apuestas en línea no está autorizada y el organismo no posee facultades para regular o fiscalizar estos sitios mientras no se apruebe la legislación actualmente en tramitación.
La situación hace especialmente relevante que los usuarios distingan entre la regulación chilena y las licencias que una plataforma pueda mantener en otra jurisdicción. Por ejemplo, al revisar información sobre un casino online y su funcionamiento, el usuario puede encontrarse con antecedentes sobre registro, juegos, pagos o seguridad, pero estos elementos no equivalen por sí mismos a una autorización para operar otorgada por autoridades chilenas.
Transparencia sobre quién está detrás de cada plataforma
Otro punto que ha adquirido espacio durante 2026 es la identificación de los propietarios de las casas de apuestas. Los integrantes de la Comisión de Economía han planteado incorporar mecanismos para transparentar quiénes son los dueños o beneficiarios finales de las empresas que participan en este mercado.
Para el usuario, esa información permitiría conocer algo que muchas veces queda escondido detrás de una página web: qué sociedad opera la plataforma y quién responde por ella.
El debate también contempla mecanismos de atención. Durante la tramitación en la Cámara se presentó una disposición para que las sociedades operadoras mantuvieran un canal permanente donde los usuarios pudieran realizar consultas o reclamos por problemas con la plataforma.
Protección del jugador entra en la discusión
La regulación también tiene una dimensión que va más allá de las licencias. Los senadores que participan en la discusión han pedido incorporar medidas de protección al consumidor y de salud pública.
La SCJ advierte que en el escenario actual no existe fiscalización del organismo sobre los sitios de apuestas online y menciona entre los riesgos la falta de protección frente a eventuales fraudes, manipulación de datos personales, ausencia de políticas obligatorias de juego responsable y protección de menores.
El proyecto todavía debe completar su tramitación, por lo que los requisitos definitivos pueden cambiar. Lo que empieza a quedar más delineado durante 2026 es el modelo que se está discutiendo: plataformas identificables, sujetas a autorización y fiscalización, con obligaciones tributarias y mecanismos específicos de protección para quienes apuestan.
