Chile alcanzó en 2023 un gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) del 0,41% del PIB, según anunció recientemente el Gobierno. La cifra representa un alza respecto a los niveles históricos de entre 0,36% y 0,39%, lo que se traduce en una inversión total de $1.164.139 millones, es decir, $174.266 millones más que en 2022. Si bien el aumento es significativo, expertos del sector consideran que aún es insuficiente.
Patricio Jarpa, gerente general de Nanotec Chile, advirtió que Chile aún está muy por debajo del estándar internacional: “Chile debería alcanzar al menos el promedio OCDE del 2,72% del PIB en gasto de I+D, sobre todo porque tiene una rica diversidad de recursos gracias a su geografía. Lamentablemente, ni siquiera llegamos al 1%, lo cual es comprensible en un país con prioridades que se arrastran y aumentan en cada administración, tales como salud, educación y, ahora más que nunca, seguridad”.
“Este avance no puede celebrarse como un punto de llegada”
Desde la empresa Perzon AI, su fundador Isaías Sharon también valoró el incremento, pero hizo un llamado a no conformarse. “Es positivo y justo reconocer el esfuerzo por romper una tendencia histórica de estancamiento en la inversión en ciencia y tecnología. Aumentar del 0,34% al 0,41% es un avance, pero seguimos muy por debajo del 1% recomendado por organismos internacionales como la OCDE”.
Sharon además destacó el rol que debe asumir el Estado: “Este avance no puede celebrarse como un punto de llegada, sino como un paso necesario. Chile sigue rezagado en inversión en conocimiento, y eso tiene un costo altísimo en términos de innovación, competitividad, formación de capital humano y desarrollo territorial”.
El especialista agregó que es fundamental priorizar estratégicamente las áreas de inversión: “Se necesita no solo más presupuesto, sino una priorización estratégica en áreas con potencial de impacto: salud, educación, cambio climático, energía, inteligencia artificial y desarrollo regional”. En cuanto a la descentralización del conocimiento, planteó que “cada región debe tener no solo representación institucional, sino autonomía en la producción de conocimiento pertinente a su territorio”.
