El Ministerio de Energía, encabezado por Ximena Rincón, presentó un proyecto de ley con el objetivo de ordenar y bajar las cuentas de luz, regularizar los procesos tarifarios pendientes y robustecer el servicio.
“Ordenemos las cuentas”, es una iniciativa que responde a normalizar este ítem luego de los desajustes causados por los congelamientos de tarifas y posteriores reliquidaciones que han afectado el bolsillo de los chilenos. Cuenta con tres ejes y también busca evitar interrupciones del suministro eléctrico, proyectando un servicio seguro y acorde a las necesidades de nuestro país.
Uno de los ejes del proyecto propone la rebaja y certeza tarifaria, punto que contempla extender el subsidio eléctrico e ir en ayuda de las familias más vulnerables del país. Sobre esto, la secretaria de Estado subrayó que “la extensión del subsidio eléctrico es algo básico para este proyecto. No vamos a dejar desprotegidas a las familias más vulnerables de nuestro país. No podemos permitir que el costo de la energía siga siendo una incertidumbre para los hogares”.
En el contexto de este primer eje, también se aborda un plan de mitigación para proteger a los hogares de Los Ríos y Los Lagos, regiones donde las tarifas sufrirán una considerable alza.
El segundo eje de “Ordenemos las cuentas” busca la regularización tarifaria y saldar las deudas que se arrastran con las empresas del rubro, pero siempre cuidando que esto no signifique un impacto en el bolsillo de las familias, según lo que argumentó la ministra Rincón. “Los chilenos no tienen por qué pagar por decisiones mal tomadas. Estamos enfrentando una deuda heredada con responsabilidad para que no afecte a las familias, ya que, sin esta ley, las cuentas podrían subir hasta un 10%, pero no podemos permitir que ello ocurra”, indicó la jefa de la cartera de Energía, quien agregó además que “nos estamos poniendo al día, ordenando los decretos tarifarios para evitar nuevas deudas”.
De esta manera, el proyecto busca pagar la deuda del componente de distribución (VAD) para el periodo 2020-2024, que ya acumula 43 meses de atraso sin dañar el presupuesto de las familias chilenas.
En este sentido, el proyecto plantea un mecanismo de pago gradual entre 2028 y 2035 que permita distribuir y disminuir el impacto en el tiempo. De esta manera, entendiendo que en 2028 el cargo por la deuda con las generadoras pasa de 22 pesos por kilowatt-hora a 9 pesos por kilowatt-hora, la iniciativa propone un cargo acotado de 5 pesos por kilowatt-hora, evitando aumentos para los usuarios y visualizar, igualmente, una disminución total de 8 pesos por kilowatt-hora que se traducirá en la cuenta de luz.
Así mismo, existe otro recálculo de tarifa que dice relación con el valor de la transmisión, el cual se encuentra atrasado ya que debería haber sido publicado en enero de 2024. Acumula 28 meses de atraso, lo que está generando una nueva deuda. Para detener ese impacto, la iniciativa presentada por el Ejecutivo pretende extender el decreto vigente entre 2020-2023 hasta el 31 de diciembre de 2028, para dar estabilidad al proceso tarifario. De esta forma, desde 2029, el sistema funcionará con plazos claros y sin retrasos, evitando generación de deuda que finalmente afectan a las familias y su presupuesto mensual.
El tercer eje del proyecto de ley buscará resguardar la seguridad y la calidad del servicio eléctrico. “Las familias necesitan pagar una tarifa justa y aun así tener continuidad y seguridad de suministro. La luz no puede fallar, y menos cuando y donde más se necesita”, explicó la ministra Rincón, quien aseguró que este punto de la iniciativa impulsará inversión en zonas críticas y así mismo, se ampliarán las facultades para que la autoridad pueda actuar ante cualquier problema que amenace el suministro eléctrico y así evitar déficit en las zonas afectadas.
