Un duro revés judicial recibió el gobierno de Javier Milei este lunes, luego que la jueza Loretta Preska, del Tribunal de Distrito de Nueva York, ordenara a Argentina transferir en un plazo de 14 días el 51% de las acciones de YPF como forma de pago en el millonario juicio por la expropiación de la petrolera en 2012. La medida busca garantizar el cobro de la sentencia de US$16.100 millones más intereses, dictada en 2023 a favor de los fondos Burford Capital y Eton Park.
El mandatario argentino confirmó que su gobierno apelará la decisión “en todas las instancias que corresponda” para defender los intereses nacionales, según manifestó en un mensaje a través de su cuenta en la red social X. En ese mismo mensaje, Milei cargó duramente contra el actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, recordando que fue el entonces ministro de Economía quien impulsó la nacionalización de YPF durante el segundo mandato de Cristina Fernández. “Haber llegado a esta situación es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof (…) Pasaron más de 10 años y los argentinos seguimos sufriendo las consecuencias del peor gobierno de la historia argentina”, disparó el Presidente.
Fallo histórico por la expropiación de YPF
La decisión judicial establece que Argentina deberá transferir sus acciones a una cuenta de custodia global en un banco de Nueva York como parte del cumplimiento de la sentencia, la cual se originó por la demanda presentada en 2015 por los fondos Burford y Eton Park. Estos adquirieron los derechos de litigio de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos sociedades que habían pertenecido al grupo Petersen de la familia Eskenazi —dueños de un 25% de YPF al momento de la expropiación— y que quebraron tras la nacionalización.
En el juicio, los demandantes argumentaron que el Estado argentino, al nacionalizar el 51% de las acciones que estaban en manos de la española Repsol, debió haber lanzado una oferta pública por el resto de las acciones en poder de los minoritarios, como establece la ley de sociedades. Argentina, por su parte, sostuvo que la ley de nacionalización aprobada en 2012 le impedía adquirir más acciones, argumento que fue rechazado por la jueza Preska.
