El Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil resolvió este miércoles abrir un juicio penal contra el expresidente Jair Bolsonaro por su presunta participación en un intento de golpe de Estado, luego de perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.
La decisión fue adoptada de forma unánime por los cinco jueces de la Primera Sala del STF, quienes también votaron a favor de procesar a otros siete excolaboradores del exmandatario. Entre ellos se encuentran altos exfuncionarios como exministros, exjefes de seguridad, militares y exdirectivos de inteligencia.
La Fiscalía brasileña acusa a Bolsonaro de liderar una organización criminal que buscaba impedir la investidura de Lula mediante la creación de un ambiente de ruptura institucional. Las diligencias apuntan a que el plan incluía incluso la elaboración de un decreto para instaurar un “estado de defensa”, y hasta acciones extremas como el asesinato de Lula y del juez Alexandre de Moraes, quien lidera el caso.
El complot, según los fiscales, no prosperó debido a la falta de respaldo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, Bolsonaro podría enfrentar una condena de hasta 40 años de prisión por los delitos imputados.
Bolsonaro se defiende y denuncia persecución
El exmandatario, que no compareció ante la corte, reaccionó desde su cuenta de X (ex Twitter), donde criticó la rapidez del proceso y lo calificó como un “juicio político”.
“Tienen prisa. Mucha prisa. Mi proceso avanza 14 veces más rápido que el del Mensalão y 10 veces más rápido que el de Lula en el Lava Jato”, escribió, apuntando directamente contra el STF.
Aseguró además que está siendo víctima de una persecución judicial:
“El objetivo es vengarse, arrestarme y eliminarme de las urnas. Porque saben que, si mi nombre aparece en la papeleta, mi victoria es inevitable”, afirmó.
Pese a estar actualmente inhabilitado políticamente, Bolsonaro ha reiterado su intención de volver a postularse en las elecciones de 2026. No obstante, este juicio podría sellar su destino político si concluye con una condena firme.
Controversias en el proceso
Dos de los jueces que votaron a favor del juicio han sido cuestionados por su cercanía con Lula: Cristiano Zanin, quien fue su abogado personal, y Flávio Dino, exministro de Justicia del actual gobierno.
El juez Alexandre de Moraes, uno de los blancos del supuesto plan golpista, también ha sido objeto de críticas por parte de la defensa de Bolsonaro, que lo acusa de tener un “interés personal” en el caso.
Además de los planes golpistas, Bolsonaro también es investigado por su presunta vinculación con los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes suyos invadieron y destruyeron las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia.
Según la defensa, el proceso está marcado por parcialidad, mientras que el Supremo Tribunal espera resolver el caso dentro de este año, para evitar que interfiera con las elecciones de 2026.
