Un nuevo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU lanzó este martes una dura acusación contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al sostener que el aparato estatal habría usado de forma ilegal recursos públicos para financiar la represión política y sostener operaciones de control contra opositores dentro y fuera del país. El documento fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos y asegura que esa estructura opera desde 2018.
Según el reporte, fondos que estaban destinados a asistencia social, proyectos de limpieza y gastos operativos habrían sido redirigidos para costear acciones represivas, incluidas operaciones de seguridad y grupos armados progubernamentales.
La ONU afirmó además que esa maquinaria no sería improvisada, sino parte de un sistema estructurado de persecución política financiado desde el Estado.
La ONU apunta también a una red de vigilancia contra exiliados
El informe también advirtió sobre la existencia de una red transnacional de vigilancia e inteligencia que buscaría monitorear, intimidar y atacar a nicaragüenses en el exilio. De acuerdo con la cobertura de medios internacionales, esta estructura involucraría a policías, autoridades migratorias, ejército y misiones diplomáticas, ampliando la persecución más allá de las fronteras de Nicaragua.
El presidente del grupo de expertos, Jan-Michael Simon, sostuvo que “la represión y la corrupción institucional se han convertido en el método de gobierno en Nicaragua”.
En la misma línea, agregó que “la persecución política es financiada por el Estado, ejecutada a través de sus instituciones y se extiende más allá de las fronteras para garantizar que nadie —absolutamente nadie— se interponga en el camino del régimen”.
Por su parte, el experto Reed Brody afirmó que “el mal uso y el desvío de recursos públicos han contribuido directamente a la comisión de graves violaciones de derechos humanos”.
La denuncia se suma a una serie de reportes previos de Naciones Unidas sobre el deterioro institucional en Nicaragua. AP recordó que el panel de expertos ya había advertido que el régimen desmanteló los últimos contrapesos democráticos y consolidó un modelo de control total del Estado, mientras que el nuevo documento profundiza en la dimensión financiera de esa represión.
El grupo pidió rendición de cuentas, restitución del espacio cívico y garantías efectivas para los derechos de los nicaragüenses, incluidos quienes permanecen en el exilio.
