Venezuela aprobó una ley de amnistía que podría abrir la puerta a la liberación de cientos de presos políticos, pero que genera fuertes dudas entre víctimas, opositores y organizaciones de derechos humanos.
La norma fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional y firmada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, en un gesto leído como respuesta directa a la intensa presión de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar el 3 de enero.
La ley concede amnistía general a personas procesadas o condenadas por motivos políticos desde 1999, incluyendo dirigentes opositores, activistas, estudiantes, periodistas y defensores de derechos humanos detenidos en protestas y ciclos de represión de los últimos 27 años.
Según la ONG Foro Penal, el gobierno ha liberado ya alrededor de 450 personas, pero estima que más de 600 continúan en prisión por razones políticas, por lo que el alcance real del beneficio sigue siendo incierto.
El texto excluye explícitamente delitos como homicidio, narcotráfico, corrupción, violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y de guerra, además de casos de “rebelión militar” vinculados a episodios de 2019.
Ese diseño deja fuera a figuras clave del antichavismo, entre ellas aliados de la opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado, acusados por el chavismo de promover acciones militares o pedir intervención internacional.
Desde el oficialismo, Rodríguez y otros dirigentes presentan la amnistía como una herramienta para “reparar heridas profundas”, promover la “reconciliación nacional” y permitir una convivencia política más pacífica. Pero sectores de la oposición la describen como un “documento defectuoso” y una “trampa” para ganar tiempo: advierten que no devuelve bienes incautados, no levanta inhabilitaciones políticas ni garantiza el fin de la persecución contra críticos del gobierno.
Organizaciones de derechos humanos han acogido la medida con cautela. Valoran la posibilidad de aliviar el sufrimiento de centenares de familias, pero insisten en que la aplicación debe ser transparente, sin discriminación y sometida a verificación internacional. Reclaman, además, que no se use la amnistía para encubrir violaciones graves ni sustituya procesos de verdad, justicia y reparación para las víctimas de abusos estatales.
Mientras algunos presos emblemáticos, como el dirigente Juan Pablo Guanipa, ya han anunciado su liberación y han denunciado los límites de la ley, familiares de detenidos continúan concentrados frente a centros de reclusión a la espera de listas oficiales.
