La Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD) entregó un balance a siete años de la implementación de la Ley N° 21.015, que obliga a empresas con más de 100 trabajadores a reservar al menos un 1% de su dotación para personas en situación de discapacidad. Si bien la normativa ha generado avances en materia de contratación, desde la organización advierten que aún persisten desafíos estructurales que afectan la estabilidad, accesibilidad y permanencia laboral de este grupo.
La ley, vigente desde abril de 2018, ha permitido una mayor apertura del mundo laboral a personas con discapacidad. No obstante, datos de la Dirección del Trabajo revelan que de los 134.287 contratos registrados hasta diciembre de 2023, solo el 43% siguen vigentes, mientras que el 57% fueron finalizados, evidenciando una alta rotación.
“La Ley ha abierto oportunidades, pero no basta con cumplir una cuota. Es clave garantizar la permanencia y el desarrollo profesional”, señaló Matías Poblete, presidente de la FCHD.
La Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia (ENDIDE, 2022) estima que en Chile hay más de 2,7 millones de personas con algún grado de discapacidad, muchas de las cuales enfrentan obstáculos como la falta de formación, ajustes insuficientes en los espacios de trabajo y prejuicios arraigados. “Debemos derribar los mitos sobre la discapacidad en el trabajo. Con ajustes adecuados, las personas con discapacidad pueden aportar significativamente”, añadió Poblete.
Medidas clave para una inclusión efectiva
Desde la FCHD enfatizan que es urgente avanzar hacia una cultura laboral verdaderamente inclusiva, tanto en el sector público como en el privado. Para ello, proponen:
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Garantizar accesibilidad universal en los entornos de trabajo.
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Implementar procesos de selección inclusivos y sin sesgos.
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Establecer programas de capacitación para empleadores y equipos de trabajo.
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Adaptar los puestos de trabajo según las necesidades de cada persona.
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Promover oportunidades reales de desarrollo profesional.
“La inclusión no debe verse como una carga legal, sino como una oportunidad de enriquecer los equipos con talentos diversos”, recalcó el líder de la fundación.
La FCHD también subraya la necesidad de reforzar los mecanismos de fiscalización para asegurar condiciones laborales dignas y equitativas.
Hacia una inclusión sostenible
Aunque la Ley de Inclusión Laboral representa un paso importante, su verdadero impacto dependerá de que las organizaciones adopten cambios estructurales que garanticen no solo el acceso, sino también la permanencia y el crecimiento de las personas con discapacidad en el mundo laboral.
“Necesitamos un compromiso real de todos los actores, desde el gobierno hasta las empresas, para que la inclusión laboral sea una realidad sostenible y efectiva”, concluyó Poblete.
