La Comisión Mixta, encargada de resolver las discrepancias sobre el proyecto que modifica la Ley 21.325 para perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa, concluyó su cometido con votaciones unánimes.
La instancia parlamentaria, presidida por la senadora Danisa Astudillo, incorporó observaciones formuladas por la Corte Suprema e integró propuestas técnicas tras escuchar a, entre otros, el Ministerio Público y el Ejecutivo.
El informe de la Mixta debe ser ratificado por las salas de la de la Cámara de Diputados y del Senado, respectivamente.
Entre las principales disposiciones perfeccionadas y acordadas en la Comisión Mixta destacan:
Se elevó de 3 a 5 años el plazo mínimo de prohibición de reingreso al territorio nacional para las personas extranjeras que hayan sido objeto de una medida de expulsión administrativa.
Se estableció que la Policía de Investigaciones (PDI) podrá solicitar por escrito una autorización al juez de garantía para ingresar a un domicilio con el único fin de aprehender a una persona que cuente con una orden de expulsión firme y ejecutoriada.
Se facultó la expulsión inmediata de extranjeros en situación irregular formalizados, acusados o requeridos por simples delitos cuya pena no exceda los 3 años de privación de libertad y que no registren condenas previas, suspendiendo el procedimiento penal por 3 años a la espera del cumplimiento de la medida.
Además, se acordó la coordinación previa con el Ministerio Público para verificar que la expulsión o el ingreso a domicilio no afecten investigaciones penales en curso que involucren un interés prevalente para la persecución penal, protegiendo además los derechos de las víctimas.
Objetivo
Cabe recordar que el objetivo principal del proyecto de ley es perfeccionar, fortalecer y agilizar los procedimientos administrativos de expulsión de personas extranjeras en situación migratoria irregular.
Para ello, la iniciativa busca optimizar los mecanismos de control y ejecución material de estas medidas, adecuar las reglas procesales para coordinar las expulsiones inmediatas con los procesos penales por delitos menores y agilizar las autorizaciones judiciales para el ingreso policial a domicilios, asegurando así un cumplimiento efectivo y expedito de la normativa migratoria.
