La ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República con el fin de impugnar el proceso de remoción en su contra, que actualmente lleva a cabo el máximo tribunal del país.
Según informó La Tercera, la magistrada argumenta que el procedimiento vulnera el debido proceso al negarle acceso completo a los antecedentes del caso.
El proceso de remoción de Vivanco se abrió tras la publicación de una investigación por Ciper, que reveló la existencia de conversaciones entre la ministra y el abogado Luis Hermosilla. Estas comunicaciones, que tuvieron lugar entre 2018 y 2023, están vinculadas al llamado Caso Audios, en el que se investigan posibles irregularidades y delitos. La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, encabeza la investigación.
Ángela Vivanco acude a Contraloría para impugnar proceso de remoción
En el escrito presentado a la Contraloría, Vivanco sostiene que el decreto presidencial que ejecuta la remoción de un juez debe garantizar el acceso a todo el expediente y las pruebas, como parte del derecho al debido proceso. La ministra argumenta que se le ha negado dicha garantía, lo que hace que el procedimiento en su contra sea ilegal y arbitrario.
Vivanco señaló que su solicitud para acceder a los antecedentes del caso se rechazó en dos ocasiones por el Congreso. También acusa que la Comisión de Ética tampoco le otorgó el tiempo adicional que solicitó para preparar su defensa. Esto, asegura, ha afectado su capacidad para elaborar su respuesta de manera adecuada.
“El 9 de septiembre, a fin de elaborar el informe solicitado en el cuaderno de remoción y poder preparar debidamente mi defensa, solicité copia de los antecedentes de las dos anteriores Comisiones de Ética. Sin embargo, estos documentos me fueron negados el 11 de septiembre de 2024”, explicó en su denuncia.
Reclamo por garantías constitucionales
La ministra fundamentó su impugnación en que el debido proceso es un conjunto de garantías fundamentales que protegen a las personas frente a la arbitrariedad en cualquier procedimiento judicial o administrativo. Según Vivanco, el decreto presidencial que oficialice su remoción debe cumplir con todas estas garantías para no incurrir en actos ilegales.
“No cabe duda de que el procedimiento de remoción de un juez y el decreto supremo que lo afine por parte del Presidente de la República debe hacer constar todas y cada una de estas circunstancias, so pena de incurrir en un acto ilegal y arbitrario”, señala el escrito de la magistrada.
