Una investigación de la Policía de Investigaciones (PDI) permitió desarticular una organización criminal dedicada a drogar pasajeros de taxi para despojarlos de sus pertenencias y vaciar sus cuentas bancarias mediante préstamos, transferencias y compras fraudulentas.
La banda estaba integrada por cinco personas y era encabezada por un ciudadano peruano que trabajaba como taxista. Los otros detenidos corresponden a tres ciudadanos venezolanos y un chileno.
De acuerdo con la investigación, el grupo buscaba a sus víctimas en las inmediaciones de locales nocturnos, aprovechando que muchas de ellas regresaban a sus hogares durante la madrugada.
El taxista establecía un vínculo de confianza con los pasajeros y, durante el trayecto, les ofrecía bebidas, como agua o cerveza. Según la PDI, estas contenían sustancias que provocaban la pérdida de conciencia de las víctimas.
Una vez que las personas quedaban incapacitadas, los delincuentes les robaban celulares, tarjetas bancarias y otras especies de valor. Posteriormente, utilizaban los dispositivos para acceder a las aplicaciones bancarias y solicitar créditos, efectuar transferencias y realizar compras.
También recurrían a la violencia
La investigación estableció que el conductor no siempre utilizaba el mismo método. Cuando las víctimas rechazaban las bebidas, el sujeto les pedía pagar el viaje con tarjeta para identificar los medios de pago que portaban.
El subprefecto Rubén Plaza, jefe de la Brigada Investigadora de Robos Oriente, explicó que en esos casos el taxista obligaba a los pasajeros a descender del vehículo y los golpeaba para quitarles sus pertenencias.
Fraudes superarían los $1.000 millones
Según la PDI, la organización actuaba con una distribución definida de funciones. Mientras algunos integrantes obtenían el acceso a las cuentas bancarias de las víctimas, otros facilitaban la utilización del dinero.
La investigación reveló que dos trabajadores de servicentros colaboraban con la banda permitiendo operaciones ficticias mediante máquinas POS, simulando compras de combustible por montos que llegaban hasta $2 millones.
Aunque hasta ahora se han identificado 11 víctimas, el perjuicio económico asociado a los delitos supera los $1.000 millones, debido a los préstamos y operaciones financieras efectuadas utilizando las cuentas de los afectados.
Incautaron tarjetas, celulares y máquinas de pago
Durante los allanamientos, la PDI recuperó diversas especies presuntamente vinculadas a los delitos, entre ellas tarjetas bancarias, teléfonos celulares, joyas, relojes y terminales de pago electrónico (POS).
Los cinco imputados fueron formalizados y quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva, mientras continúa la investigación para determinar si existen nuevas víctimas vinculadas al caso.
