El caso de los 25 mil funcionarios públicos que salieron del país mientras se encontraban con licencia médica sigue generando indignación en la ciudadanía. Según la última encuesta Plaza Pública Cadem, el 95% de los encuestados dijo estar informado del escándalo revelado por la Contraloría General de la República.
El sondeo refleja un rechazo transversal a las acciones de los involucrados, con una demanda clara por sanciones ejemplares.
Un 94% considera que deben devolver los dineros percibidos mientras se encontraban con licencia médica. Además, un 92% cree que deberían ser despedidos o terminar su contrato de trabajo, al tratarse de una falta grave a la probidad.
La ciudadanía también apoya medidas de mayor alcance. Un 81% opina que los funcionarios implicados no deberían volver a ejercer cargos públicos, sin importar si ya renunciaron o no a sus labores. En la misma línea, el 80% cree que deben ser demandados penalmente por su actuar.
El caso, lejos de cerrarse, parece estar en desarrollo. Un 98% de los encuestados cree que esto “está comenzando y se sabrá mucho más”, lo que refuerza la percepción de que podrían aparecer nuevos implicados y más antecedentes en los próximos días.
Las cifras de Cadem muestran que este episodio ha impactado profundamente la confianza pública en la función estatal y ha reforzado el llamado ciudadano a mejorar los mecanismos de fiscalización y sanción ante irregularidades en el aparato público.
