El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, salió al paso de las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República, que detectó eventuales irregularidades en el uso de recursos públicos vinculados a contratos de asesorías durante su gestión. Entre ellos, se encuentran servicios de coaching que, según el ente fiscalizador, podrían haber estado relacionados con actividades proselitistas.
El caso está actualmente bajo revisión del Ministerio Público, mientras consejeros regionales de la UDI y del Partido Republicano anunciaron que recurrirán al Tribunal Electoral Regional (TER) para que se pronuncie sobre el actuar del jefe regional, con una eventual destitución como la sanción más grave.
Orrego fue enfático: “Yo como gobernador nunca he ocupado un peso del Gobierno de Santiago en mis campañas. Mis campañas se financiaron por créditos públicos que yo mismo contraté, y fueron rendidos y aprobados por el Servel”.
La Contraloría detectó que en 2024 el Gobierno Regional destinó más de 31 millones de pesos a asesorías institucionales, incluyendo 52 sesiones de coaching directivo, de las cuales solo se entregaron minutas de 28 reuniones. Según la auditoría, se utilizó terminología que podría estar vinculada a actividades políticas, lo que motivó el envío de antecedentes al Ministerio Público.
Sobre este punto, Orrego sostuvo que se trata de un procedimiento habitual del órgano fiscalizador. “No me aplican una sanción, no me acusan de un delito. Simplemente dicen: ‘enviamos los antecedentes al Ministerio Público para los fines que estime convenientes’. Eso ha ocurrido muchas veces antes”, explicó.
Además, el gobernador criticó duramente la decisión de sectores políticos de acudir al Tribunal Electoral: “Esto es un burdo aprovechamiento político. Quienes antes defendían que un presidente no debía ser destituido por diferencias políticas, hoy piden mi salida solo por un informe que plantea dudas y no establece responsabilidades concretas”.
Orrego advirtió que este tipo de acciones podrían dañar irremediablemente su trayectoria. “Esto puede significar la muerte política de una autoridad elegida con dos millones y medio de votos. Cuando se hacen anuncios de esta gravedad sin pruebas concretas, se instala una idea de culpabilidad que puede ser muy difícil de revertir”, agregó.
El Ministerio Público aún no se ha pronunciado formalmente sobre los antecedentes entregados por la Contraloría. En tanto, se espera que el Tribunal Electoral analice la solicitud de los consejeros regionales en los próximos días.
