La Comisión de Educación del Senado aprobó la idea de legislar del polémico proyecto de gobierno Aula Segura, que entrega mayores facultades a los directores de establecimientos educacionales para expulsar inmediatamente a alumnos vinculados a hechos de violencia grave.
Tras la cuarta jornada de audiencias públicas para analizar la iniciativa, el proyecto avanzó con votación dividida, de 2 a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.
De acuerdo al cambio de calificación de discusión inmediata, que se notificó esta tarde y que implica 6 días para ser debatido por cada rama legislativa, la Comisión de Educación acordó someter a votación en general la iniciativa y, en esta misma jornada, analizar las indicaciones.
De esta manera, la iniciativa podrá ser analizada mañana por la Comisión de Hacienda, y luego quedará en condiciones de ser vista por la Sala del Senado.
Durante las audiencias públicas se informó que un total de 745 casos de expulsión o cancelación de matrícula se han registrado en el último año, según indicó el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa.
El subsecretario detalló que de los casos mencionados a nivel nacional, un 32,5% pertenecen a establecimientos del sector municipal, un 65% a los establecimientos particulares, y un 1,7% a los colegios de administración delegada.
En la cuarta jornada de audiencias públicas la Comisión de Educación escuchó al presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar; la directora del Instituto de Derechos Humanos, Consuelo Contreras; la educadora del Liceo Manuel Barros Borgoño, Daniela Torres; y los investigadores Isidora Mena, Gonzalo Muñoz e Iban de Rementería.
