En una sesión extraordinaria realizada recientemente, el Consejo Regional (Core) de Arica y Parinacota abordó con preocupación la creciente actividad delictual vinculada al crimen organizado internacional en la frontera norte del país. Uno de los temas más relevantes de la jornada fue la existencia de 50 pasos fronterizos no habilitados en la región, de los cuales 37 presentan flujos constantes de personas y vehículos que los cruzan de forma clandestina.
Según los datos presentados, estos cruces se realizan bajo condiciones de alto riesgo, tanto para quienes ingresan ilegalmente al país como para las fuerzas de control. Los desplazamientos ocurren a través de quebradas, cerros, zonas con presencia de minas antipersonales sin detonar, y en un contexto climático adverso: temperaturas extremas de calor durante el día y frío intenso en las noches.
La situación fue calificada como crítica por los consejeros regionales, quienes señalaron que estos pasos irregulares son utilizados no solo por migrantes, sino también por redes dedicadas al tráfico de drogas, armas, contrabando y trata de personas. El debate se centró en la necesidad de fortalecer la capacidad operativa del Estado para ejercer un mayor control en estos sectores de difícil acceso.
En este contexto, el Core respaldó una serie de nuevas iniciativas destinadas a reforzar la fiscalización en la zona. Entre ellas, destaca la reposición y adquisición de vehículos y equipos de rayos X portátiles, los cuales permitirán a instituciones como el Servicio Nacional de Aduanas realizar inspecciones en terreno, incluso en puntos remotos del altiplano. Esta medida contempla una inversión aproximada de 800 millones de pesos, con financiamiento regional.
Los consejeros enfatizaron que este tipo de equipamiento móvil es crucial para aumentar la capacidad de detección y control de mercancías ilegales o elementos vinculados al crimen organizado, sin depender exclusivamente de la infraestructura fija de los pasos habilitados.
Las autoridades regionales también hicieron un llamado al Gobierno Central para avanzar en una política integral de seguridad fronteriza, que incluya tanto inversión en tecnología como el aumento de dotación de personal especializado en las zonas limítrofes, en coordinación con países vecinos.
“La situación en nuestra frontera es compleja, y el crimen organizado está aprovechando estas rutas clandestinas para operar con impunidad. Necesitamos un Estado más presente, más equipado y con estrategias claras para enfrentar esta amenaza que no es solo regional, sino nacional”, señaló uno de los consejeros durante la sesión.
La sesión del Core se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en la macrozona norte, donde las cifras de delitos violentos y operaciones del crimen transnacional han mostrado un incremento sostenido en los últimos años.
