Este jueves la Corte de Apelaciones ordenó paralizar el dictamen emitido por la contralora Dorothy Pérez que modificaba los criterios del concepto de “confianza legítima” para los funcionarios públicos.
De esta manera, se acoge la solicitud de no innovar de la ONG Fundación Fuerza Ciudadana, en contexto de la tramitación del recurso de protección que presentaron.
Tras el decreto, la Contraloría deberá seguir revisando las reclamaciones que se presenten en el marco de despidos de funcionarios públicos.
“Se concede la orden de no innovar solicitada, y en consecuencia, se suspenden los efectos de la abstención de pronunciamiento dispuesta en el Dictamen NºE561358, de 6 de noviembre de 2024, de la Contraloría General de la República“, sostiene el fallo.
Así, Contraloría deberá “seguir resolviendo, como en derecho corresponda, los reclamos y solicitudes de pronunciamiento que se le presenten relativos a la materia a que se refiere el señalado dictamen”.
Por otro lado, la Novena Sala del tribunal de alzada solicitó un informe a Contraloría, el cual deberá ser emitido “en el término de cinco días, remitiendo a esta Ilustrísima Corte”.
“Conjuntamente con su informe, todos los antecedentes que existan en su poder sobre el asunto que ha motivado el recurso, bajo apercibimiento de aplicar alguna de las sanciones que establece el N° 15 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales”, cierran.
