La Corte Suprema revocó tres sentencias de la Corte de Apelaciones de Arica que habían acogido recursos de protección presentados contra la Tesorería General de la República (TGR) para frenar las acciones de cobro vinculadas a deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE).
Las resoluciones corresponden a las causas roles 203-2026, 219-2026 y 299-2026, en las que el máximo tribunal dejó sin efecto los fallos anteriores y respaldó la continuidad de los procedimientos impulsados por Tesorería.
De acuerdo con la TGR, las acciones de cobro se realizan mediante el procedimiento ejecutivo establecido en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario.
Corte Suprema respalda facultades de Tesorería
Con estas nuevas sentencias, la Tesorería sostiene que se ratifican sus facultades para continuar con las acciones judiciales destinadas a recuperar las deudas correspondientes al CAE.
El jefe de la División Jurídica de TGR, Juan Pablo Marras, destacó el alcance de las resoluciones y afirmó que estas respaldan la interpretación jurídica sostenida por el organismo.
“Estos fallos ratifican la interpretación legal de Tesorería en esta materia. A su vez, respaldan nuestras facultades para la cobranza judicial de estos créditos fiscales, dejando sin efecto los fallos minoritarios que existían en contra del Servicio”, señaló.
Marras agregó que, desde la perspectiva de la institución, las resoluciones permiten cerrar la discusión relacionada con las facultades utilizadas para realizar estas cobranzas.
“Por tal razón, estimamos que con estas sentencias, la discusión sobre la constitucionalidad y legalidad del actuar de TGR se zanja de manera definitiva”, sostuvo Marras.
Continuará el cobro de las deudas del CAE
A partir de los fallos de la Corte Suprema, Tesorería informó que continuará desarrollando las acciones de cobranza destinadas a recuperar los recursos asociados a estas obligaciones.
La institución destacó además el trabajo realizado por su equipo jurídico y defendió la consistencia de los procedimientos utilizados para el cumplimiento de la normativa vigente.
Desde la TGR señalaron que estas acciones buscan resguardar el patrimonio fiscal y ejercer las atribuciones que la legislación entrega al organismo para garantizar el cobro de obligaciones tributarias y créditos fiscales.