El Estado de Chile fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) debido a las deficientes condiciones de detención de adolescentes en centros del Sename y la muerte de 10 menores en un incendio ocurrido en Puerto Montt en 2007.
El fallo del tribunal internacional establece que el país no tomó las medidas necesarias para prevenir el incendio ni actuó con diligencia durante el siniestro en el Centro de Internación Provisoria “Tiempo de Crecer”. Como consecuencia, se ordenó el pago de más de $662 millones en indemnizaciones a 272 personas afectadas.
El incendio que marcó un antes y un después
El 21 de octubre de 2007, en el centro de internación de Puerto Montt, un grupo de adolescentes inició una protesta denunciando las malas condiciones en las que vivían. Durante la manifestación, un incendio accidental en un calentador a gas se propagó rápidamente debido a la presencia de materiales inflamables y la falta de medidas de seguridad, dejando un saldo de 10 menores fallecidos.
La CorteIDH determinó que el Estado chileno tenía la obligación de garantizar la seguridad de los adolescentes privados de libertad y que las condiciones del centro no cumplían con los estándares adecuados.
Deficiencias en el sistema de internación juvenil
Además de la tragedia de Puerto Montt, la CorteIDH responsabilizó al Estado chileno por las graves condiciones en que estuvieron privados de libertad 271 adolescentes entre 2006 y 2009 en diversos centros como “Lihuén”, “Antuhué”, “San Bernardo” y “Tiempo de Crecer”.
Las vulneraciones constatadas incluyen hacinamiento, falta de higiene, infraestructura inadecuada, uso de celdas de castigo y ausencia de programas educativos. También se destacó la falta de separación entre menores según su edad o su situación judicial, lo que agravó aún más el ambiente en estos centros.
Medidas ordenadas por la Corte
El tribunal internacional recordó que los sistemas de justicia para adolescentes deben ser distintos a los de adultos, priorizando medidas socioeducativas por sobre las punitivas.
Por ello, la CorteIDH ordenó a Chile adoptar medidas para mejorar las condiciones en los centros de internación juvenil, además de reportar el avance en la creación de la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, anunciada por el Estado, para abordar la violencia institucional en el Sename.
Asimismo, se estableció la obligación de incorporar estándares de derechos humanos en los programas de formación de funcionarios que trabajan con menores privados de libertad y de pagar indemnizaciones por daño inmaterial a las víctimas.
