La diputada Marlene Pérez (Indep -UDI), planteó considerar una reforma inspirada en la legislación aprobada en la provincia de Mendoza, Argentina. Esta normativa establece sanciones económicas significativas para los padres de alumnos que realizan prácticas de bullying, un enfoque que busca involucrar a los adultos responsables en la erradicación de esta problemática.
Dicha iniciativa fue motivada por un caso que sacudió a la comunidad, donde una joven tomó un arma en su escuela, lo que obligó a la sociedad a replantear su forma de abordar el acoso escolar. Ante este contexto, Pérez ha sido clara al subrayar que el bullying tiene efectos devastadores no solo en los estudiantes directamente afectados, sino también en sus familias.
“Es fundamental que entendamos que el bullying tiene consecuencias devastadoras no solo para los estudiantes que lo sufren, sino también para sus familias. Según datos de la Asociación Chilena de Seguridad (Achs), las denuncias por violencia escolar aumentaron en un 74% entre 2023 y 2024, y las cifras continúan en ascenso”, comentó la diputada Pérez.
Alza en problemas de convivencia
Además, la Superintendencia de Educación reportó más de 1.500 denuncias por problemas de convivencia durante el primer trimestre de 2025, lo que representa un incremento del 25% en comparación con el mismo período del año anterior.
Finalmente, la diputada Marlene Pérez enfatizó que la responsabilidad del comportamiento de los jóvenes no debe recaer únicamente sobre los colegios y las víctimas, sino también sobre los adultos que tienen a su cargo a esos menores. “Si bien es crucial crear un ambiente escolar seguro y de respeto, también es necesario involucrar a los padres y tutores en esta lucha. No podemos seguir permitiendo que el bullying se normalice en nuestros colegios”, concluyó.
