Los diputados Roberto Arroyo (Independiente) y Catalina del Real (Partido Republicano) presentaron una serie de oficios dirigidos al Ministerio de Salud, al Servicio de Salud del Reloncaví y a la Superintendencia de Salud para solicitar antecedentes sobre las acciones adoptadas tras la denuncia de una presunta violencia obstétrica ocurrida en el Hospital de Puerto Montt.
El caso involucra a una mujer con cinco meses de embarazo que habría sido víctima de un trato agresivo y discriminatorio durante una atención médica.
Solicitan información sobre investigaciones y protocolos
En los oficios, los parlamentarios pidieron conocer si las autoridades instruyeron investigaciones administrativas o sumarios, además de las medidas adoptadas por los organismos competentes.
También solicitaron antecedentes sobre las fiscalizaciones realizadas por la Superintendencia de Salud, los protocolos vigentes para la atención de mujeres embarazadas y las capacitaciones impartidas al personal del Hospital de Puerto Montt en materias relacionadas con derechos de los pacientes, prevención de violencia obstétrica, atención intercultural y no discriminación.
Asimismo, requirieron información sobre eventuales denuncias previas, reclamos y las medidas de apoyo que se habrían entregado a la paciente afectada.
“El Estado no puede mirar hacia el lado”
El diputado Roberto Arroyo afirmó que una denuncia de esta naturaleza requiere una investigación exhaustiva.
“Cuando una mujer embarazada denuncia haber sido víctima de un trato indigno o discriminatorio en un hospital público, el Estado no puede mirar hacia el lado. Lo mínimo que corresponde es que exista una investigación seria y transparente que permita esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan”, sostuvo.
El parlamentario agregó que el objetivo de los oficios es verificar si las instituciones actuaron oportunamente y qué acciones se han implementado para resguardar los derechos de los pacientes.
Piden garantizar una atención digna
Por su parte, la diputada del Real señaló que toda persona tiene derecho a recibir una atención de salud respetuosa y libre de maltrato.
“Si existieron vulneraciones a una paciente embarazada, las autoridades deben investigarlas hasta las últimas consecuencias y asegurar que situaciones como esta no vuelvan a repetirse”, indicó.
La legisladora añadió que resulta fundamental revisar los protocolos, fiscalizar su cumplimiento y entregar certezas a las mujeres que se atienden en el sistema público de salud.
Finalmente, ambos parlamentarios aseguraron que continuarán monitoreando el desarrollo del caso y reiteraron la necesidad de esclarecer los hechos, determinar eventuales responsabilidades y adoptar las medidas necesarias para garantizar una atención digna y libre de discriminación en la red pública de salud.
