La bancada de diputados de Renovación Nacional presentó un proyecto de ley que busca establecer nuevas inhabilidades para abogados que hayan representado a imputados por delitos vinculados al narcotráfico, la asociación criminal o el terrorismo.
El texto plantea impedir que estos profesionales puedan ingresar posteriormente a distintos organismos del Estado, incluyendo la administración pública, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Congreso Nacional.
La propuesta también contempla restricciones para determinadas asesorías jurídicas, legislativas o profesionales prestadas a diputados, senadores y comités parlamentarios.
Proyecto de RN busca establecer nuevas inhabilidades
Además de impedir futuros ingresos a estas instituciones, el proyecto establece que los abogados que ya se desempeñen en dichos organismos no podrán asumir la defensa de imputados por los delitos contemplados en la iniciativa mientras permanezcan en sus cargos.
El incumplimiento de esta norma podría derivar en sanciones como la destitución, remoción o término del contrato, dependiendo de la institución en la que se desempeñe el profesional.
Al respecto, el diputado Mauro González defendió la iniciativa y aseguró que busca establecer barreras frente al avance del crimen organizado. “Debemos cerrar los caminos al crimen organizado que comienza a penetrar los órganos del Estado”, afirmó.
En tanto, el subjefe de bancada de RN, Eduardo Durán, sostuvo que la propuesta apunta a establecer estándares de probidad y evitar eventuales conflictos de interés.
Para fiscalizar el cumplimiento de la normativa, el proyecto propone que jueces o el Ministerio Público informen a la Contraloría General de la República sobre los abogados que intervengan en este tipo de causas. Con estos antecedentes se crearía un registro destinado a verificar las nuevas inhabilidades.
La iniciativa excluye expresamente a abogados y profesionales que ejerzan funciones en la Defensoría Penal Pública, las corporaciones de asistencia judicial y otros organismos vinculados al acceso institucional a la justicia.
Según sus impulsores, el proyecto busca reforzar la protección de las instituciones del Estado, sin afectar el derecho constitucional de los imputados a contar con defensa jurídica.
