La Fiscalía concluyó que los fondos provenientes de los convenios adjudicados a ProCultura fueron utilizados para financiar irregularmente la campaña del actual Presidente Gabriel Boric. Así lo expuso el fiscal Patricio Cooper, quien lidera la investigación en el caso, al presentar esta afirmación ante el tribunal en relación con la solicitud de interceptación del teléfono del mandatario. Según la fiscalía, la relación cercana entre el fundador de ProCultura, Alberto Larraín Salas, y Boric sería un indicio que respalda esta afirmación.
Vinculación de Larraín Salas con redes políticas
Cooper presentó como prueba clave una conversación entre Patricia Ilonka Csillag Pimstein y Constanza Gómez Cruz, ambas imputadas en el caso, en la que mencionaron que Larraín Salas admitió haber usado dinero de ProCultura para financiar la campaña de Boric. “Gasté esta plata en la campaña del Boric y no les voy a pagar ni ahora ni nunca”, habría dicho Larraín Salas, según la conversación presentada por la fiscalía.
Además, el fiscal detalló el incremento notable en los montos de los convenios firmados entre ProCultura y el Estado en los años 2022 y 2023, coincidiendo con el periodo presidencial de Boric. Los fondos pasaron de $181 millones en 2020 y $316 millones en 2021 a más de $5.000 millones en 2022 y 2023. Esto, según la fiscalía, podría indicar un posible delito de tráfico de influencias, que derivaría en fraude al fisco, lavado de activos y financiamiento ilegal de campañas políticas.
Rechazo a la interceptación del teléfono del presidente
En el contexto de la solicitud de interceptación del teléfono móvil del presidente, el tribunal rechazó inicialmente la medida, argumentando que no existían pruebas suficientes para justificar la sospecha de un delito penal. Sin embargo, el fiscal Cooper subrayó que los antecedentes adicionales ahora presentados refuerzan la necesidad de esta medida y el posible vínculo entre los fondos de ProCultura y la campaña presidencial.
