La Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía formalizó este martes a Pelantaro Llaitul Pezoa, hijo menor del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), y a Rafael Pichún Collonao, por su presunta participación en una serie de ataques violentos ocurridos en mayo de 2021 en Purén.
Los delitos que se les imputan incluyen incendio, secuestro, atentado reiterado contra la autoridad, homicidio frustrado a Carabineros, usurpación y porte de armas de fuego. Ambos acusados ya se encuentran en prisión preventiva por otros procesos judiciales vinculados a hechos similares.
Interceptaciones telefónicas y pruebas en su contra
La fiscalía, en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI), logró acreditar la participación de Llaitul y Pichún mediante interceptaciones telefónicas y otros antecedentes recopilados durante la investigación. Además, se reveló que Pelantaro Llaitul resultó herido en una pierna en medio de un enfrentamiento con Carabineros.
Según el relato del Ministerio Público, el 10 de mayo de 2021 un grupo armado ingresó al Fundo El Aromo en Purén, bloqueó accesos e informó que tomaban posesión del predio. Ese mismo día, incendiaron maquinaria agrícola y varios camiones, además de intimidar a conductores con armas de fuego.
Cuando personal de Carabineros llegó para restablecer el orden, fueron atacados con disparos provenientes de un bosque cercano. En medio del ataque, dos personas fueron retenidas bajo amenazas, antes de que el grupo incendiara otro camión en plena ruta.
Días después, la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) se adjudicó los atentados a través de un comunicado en redes sociales.
Medidas cautelares y antecedentes previos de Pelantaro Llaitul
El Tribunal de Purén decretó la prisión preventiva anticipada para Rafael Pichún y la internación provisoria de Pelantaro Llaitul. No obstante, estas medidas solo se harán efectivas en caso de que finalicen las condenas que ambos cumplen actualmente por otros delitos.
Cabe recordar que en diciembre de 2024 otros cinco integrantes de la CAM fueron formalizados por estos mismos ataques y permanecen en prisión preventiva.
Este nuevo proceso judicial refuerza la estrategia de persecución penal contra los hechos de violencia rural en la región, según destacó la fiscalía.
