Este jueves el Gobierno anunció una querella contra todos quienes resulten responsables e involucrados en la presunta conexión entre seis ex militares del Ejército y una red de narcotráfico.
El anuncio se produce tras un operativo del OS-7 de Carabineros, que logró desarticular una banda compuesta por seis militares —pertenecientes a la Brigada “Cazadores” de Pozo Almonte— y un civil, incautando 192 kilos de cocaína y pasta base, con un valor aproximado de $3 mil millones.
Al respecto, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, explicó que el Ministerio de Seguridad decidirá la fórmula jurídica de la querella, que será dirigida “a quien resulte responsable de ser parte de esta banda”, con acciones legales individuales contra cada involucrado.
Delpiano destacó además que “es muy importante dar la señal de gravedad que esto tiene”, y señaló que el general Varela —tercera autoridad del Ejército y encargado de movilizaciones— se encuentra hoy en la zona, junto al comandante en jefe del Ejército.
Asimismo, anunció que el subsecretario de Defensa viajará el lunes a la región para reunir toda la información posible y coordinar medidas preventivas.
La ministra también enfatizó que la querella se presentará para que “se sepa que una situación como esta es grave, tiene consecuencias para los que se incorporen en una situación así y no queremos que se amplíe más allá de estas personas”.
El operativo de OS-7 detuvo a los seis suboficiales, todos dados de baja inmediatamente, mientras se incautaban cerca de 200 kilos de drogas y tres vehículos adaptados para el tráfico.
Las autoridades judiciales avanzan ahora en la investigación y formalización de los acusados, en paralelo al proceso administrativo iniciado por el Ejército.
El Gobierno también evalúa modificar las rotaciones de personal en la frontera, especialmente en zonas complejas como Colchane, para evitar nuevas infiltraciones.
Con esta querella, el Ejecutivo busca no solo sancionar a los implicados, sino fortalecer los controles internos del Ejército y enviar una señal de cero tolerancia frente a la criminalidad dentro de las fuerzas armadas.
