El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, entregó detalles sobre el funcionamiento del Registro Único de Vándalos e Incivilidades, iniciativa anunciada por el Presidente José Antonio Kast durante su primera Cuenta Pública.
Durante una conversación con Meganoticias, la autoridad explicó que el objetivo de la propuesta es enfrentar conductas que, a juicio del Ejecutivo, afectan la convivencia y deterioran los espacios públicos.
“El registro busca sancionar conductas que se han normalizado, pero en realidad destruyen la convivencia y van dañando incluso las zonas comunitarias, los espacios comunes, plazas y el entorno“, señaló.
Bajo esa línea, sostuvo que la iniciativa pretende poner fin a situaciones de impunidad frente a acciones que generan daños materiales o alteran la vida en comunidad.
Polémica por sanciones
Según explicó Codina, el proyecto contempla sanciones que podrían afectar a cualquier persona, independientemente de su situación económica, mediante restricciones temporales al acceso a determinados beneficios estatales.
“Lo que se plantea es restringir el acceso a ciertos beneficios que entrega el Estado cuando tú incumples no solo con ese Estado, sino también contra la comunidad”, indicó.
Entre las medidas que han generado mayor debate se encuentra la eventual suspensión de beneficios como la Gratuidad Universitaria o la Pensión Garantizada Universal (PGU). Sobre este punto, el delegado precisó que las sanciones no serían permanentes.
“Lo que establece el proyecto es una suspensión transitoria, máximo cinco años o tres, depende de la circunstancia y de si el delito se considera grave o no”, explicó.
Alcances del Registro
La iniciativa también ha recibido cuestionamientos respecto a su impacto en personas de distintos niveles socioeconómicos. Frente a ello, Codina argumentó que el proyecto contempla sanciones diferenciadas para garantizar que todos enfrenten consecuencias por sus actos.
“Ese joven, aunque venga del barrio alto, si hizo daño, va a perder su derecho a tener el pasaporte, va a perder su derecho a tener la licencia de conducir“, ejemplificó.
Finalmente, la autoridad sostuvo que la propuesta resguarda el principio de igualdad ante la ley, ya que busca aplicar medidas acordes a cada situación. “Ante un delito, el Estado, dentro de la batería de acciones que tiene, va a adoptar la que corresponda y la que afecte a esa persona“, concluyó.
