Un lapidario informe de la Contraloría General de la República (CGR) encendió las alarmas sobre el desempeño de Carabineros en los controles de tránsito realizados entre enero de 2023 y junio de 2024 en la Región Metropolitana. Según el documento, 626 vehículos con encargo por robo no fueron incautados, a pesar de haber sido fiscalizados por personal policial. De ellos, 358 seguían con encargo vigente al 13 de noviembre del año pasado.
Pero no fue el único hallazgo grave. La auditoría también detectó que 144 personas con órdenes de detención pendientes —por delitos que incluyen abuso sexual, tráfico de drogas, porte ilegal de armas e infracciones a la Ley de Tránsito— fueron controladas, pero no detenidas. Ante la gravedad de los hechos, la Contraloría anunció que instruirá un sumario interno en Carabineros y que derivó los antecedentes al Ministerio Público para una eventual investigación penal.
Fallas sistemáticas y controles que no cumplen su función
El informe también reveló que Carabineros emitió 869 boletas de citación por infracciones que ameritaban el retiro del vehículo, pero no se concretaron los retiros, pese a que los móviles circulaban sin patente, sin permiso de circulación, sin seguro obligatorio o con elementos adulterados. En sus descargos, Carabineros argumentó, por ejemplo, que en Melipilla no pudieron retirar vehículos porque el aparcadero municipal está colapsado desde 2024.
Otro dato alarmante: en 145.715 controles vehiculares, el personal no consultó la patente en el Sistema Unificado de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SUEV), omitiendo así la verificación básica sobre el estatus del auto. También se detectó ausencia de dispositivos para controlar vidrios polarizados, así como la falta de normas claras, estandarización de procedimientos y validación de registros.
Todo esto, según la CGR, pone en entredicho la efectividad de los controles vehiculares y evidencia serias falencias operativas que afectan directamente la seguridad pública.
