La diputada y presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Marlene Pérez, expresó su profunda preocupación tras conocer el lapidario 5º Informe de Política Pública elaborado por la Defensoría de la Niñez, el cual evidencia graves vulneraciones a niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del Estado.
El informe reveló que 360 de cada mil menores atendidos en proyectos del Servicio Nacional de Protección Especializada han sufrido algún tipo de vulneración a su integridad entre 2021 y 2023. Además, destaca el preocupante aumento de casos de explotación sexual infantil, con 619 víctimas identificadas a nivel nacional en 2023. Las regiones de Maule, Ñuble y del Bío Bío aparecen como las más afectadas, con un marcado sesgo hacia las mujeres.
En este contexto, la diputada Pérez cuestionó duramente la inacción de las autoridades competentes.
“Hemos conocido un nuevo informe de la Defensoría de la Niñez que habla de la grave vulneración que están siendo víctimas los niños de protección del Estado en nuestro país. Este informe se suma a muchos otros que confirman un diagnóstico que ya conocemos. La pregunta es: ¿Qué se está haciendo hoy por parte del Ministerio, la Defensoría y la Subsecretaría de la Niñez? Tenemos cifras alarmantes: de mil niños atendidos, 360 son víctimas de vulneración, y solo en 2023 hay 619 casos de explotación sexual. Es inaceptable”, manifestó.
Informe revela vulneraciones a menores bajo la tutela del Estado
Ante esta situación, la diputada anunció que enviará un oficio al Ministerio de Desarrollo Social y a la Subsecretaría de la Niñez exigiendo respuestas concretas. “Es urgente que estas instituciones entreguen un plan claro y efectivo para terminar con esta grave vulneración que afecta a los niños bajo la protección del Estado. No podemos seguir permitiendo que quienes deberían protegerlos sean, indirectamente, responsables de su revictimización”, enfatizó Pérez.
La parlamentaria reiteró la necesidad de un análisis profundo y un trabajo coordinado entre los distintos actores involucrados para prevenir futuras vulneraciones, señalando que los centros residenciales son espacios donde los menores enfrentan mayores riesgos de victimización.
El llamado de la diputada Marlene Pérez busca poner fin a la vulneración sistemática de derechos que afecta a los niños más desprotegidos de nuestro país. “El diagnóstico lo tenemos, necesitamos acciones concretas urgente. La infancia no puede seguir esperando”, concluyó.
