La reciente liberación de Mauricio Ortega, condenado por lesiones graves gravísimas contra Nabila Rifo, generó una ola de críticas y cuestionamientos sobre el proceso que permitió su salida. Ortega, que en 2017 recibió penas por lesiones graves gravísimas, lesiones graves y violación de morada, cumplió únicamente ocho años y dos meses de la condena total. La Corte de Apelaciones de Coyhaique justificó la libertad condicional por su “conducta intachable” y un bajo índice de riesgo delictual, pese a que Gendarmería había emitido un informe desfavorable.
El caso provocó especial preocupación porque Nabila Rifo no fue notificada de la audiencia en la que se resolvió la libertad condicional de su agresor. Esto se debió a la destitución de la abogada Beatriz Ramírez, quien representaba a la víctima, y a la falta de asignación de la causa a un nuevo profesional dentro del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG). Como consecuencia, Rifo no pudo presentar alegaciones ni solicitar audiencia, y Ortega fue liberado junto a otros 23 internos de diferentes recintos penitenciarios de la región.
Ante los hechos, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, condenó la decisión del tribunal y anunció que el Ejecutivo interpondrá recursos para revertir la libertad condicional, asegurando que Ortega cumpla el resto de su condena. Además, se han dispuesto medidas de protección especiales para Rifo en la ciudad de Coyhaique.
Por su parte, el SernamEG explicó que acompaña a la víctima desde 2016, actuando como querellante y brindando apoyo psicosocial y coordinación con otras instituciones para garantizar su seguridad. El organismo aseguró que la falta de notificación efectiva vulneró los derechos de Rifo, y enfatizó que continuarán exigiendo justicia y promoviendo mecanismos de protección para todas las víctimas de violencia.
El caso sigue siendo foco de atención, y las autoridades buscan ahora garantizar que las víctimas sean escuchadas en procesos de libertad condicional, evitando vacíos legales que puedan afectar su derecho a ser informadas y a opinar sobre la situación de sus agresores.
