El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) evaluar la presentación de una querella criminal por una serie de presuntas irregularidades detectadas en el proceso de reconstrucción de la Población El Olivar, en Viña del Mar, tras el incendio ocurrido en febrero de 2024.
La acción apunta contra las entidades patrocinantes Social Arquitectura y Uno a Uno SpA, luego de una investigación administrativa que identificó posibles delitos relacionados con la obtención y ejecución de proyectos habitacionales financiados con recursos públicos.
Entre los ilícitos que el ministerio pidió analizar se encuentran fraude al Fisco, falsificación de instrumento público, uso malicioso de documentos falsos, negociación incompatible, tráfico de influencias, estafa y eventuales faltas vinculadas a la seguridad estructural de las viviendas.
Detectan certificaciones y adjudicaciones cuestionadas
Según los antecedentes recopilados por el Minvu, una de las principales irregularidades estaría relacionada con un certificado emitido en 2024 por un exdirector del Serviu Valparaíso, documento que habría permitido a una entidad patrocinante acceder a proyectos de alta complejidad sin cumplir los requisitos técnicos exigidos.
La investigación también detectó posibles conflictos de interés en la revisión y aprobación de proyectos, además de presuntos vínculos familiares no declarados entre funcionarios públicos y representantes de empresas involucradas en la reconstrucción.
Asimismo, se indaga la participación de exautoridades en reuniones de adjudicación y eventuales intentos de traspaso de proyectos entre entidades patrocinantes.
Gobierno ordena auditoría nacional
A raíz de los hallazgos, el Minvu instruyó dos sumarios administrativos para determinar eventuales responsabilidades de funcionarios involucrados en los hechos.
Además, la Subsecretaría de Vivienda ordenó una auditoría interna a nivel nacional para revisar todos los Convenios Regionales de Asistencia Técnica (CRAT) vigentes en el país.
La revisión incluirá posibles conflictos de interés, validez de declaraciones juradas, estado de los proyectos en ejecución y eventuales irregularidades en la administración de subsidios habitacionales.
Finalmente, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, manifestó a través de sus redes sociales que iniciarán “sumarios y querellas contra todas las personas que manchan el prestigio de esta institución y el compromiso de la enorme mayoría de sus funcionarios“.
